Acuerdo universitario: suba del 24,3% firmada, pero la demanda judicial sigue en pie
El Gobierno y el CIN cerraron un entendimiento sobre salarios y fondos para hospitales universitarios, aunque los rectores no retirarán la acción ante la Corte por la Ley de Financiamiento vigente.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno nacional firmaron un acuerdo que pone fin —al menos en los papeles— a más de dos años de conflicto por el financiamiento universitario. El núcleo del acuerdo: una recomposición salarial del 24,33%, fondos adicionales para hospitales universitarios y aumentos en partidas de gastos de funcionamiento, con revisiones paritarias cada tres meses.
Los números
El 24,33% de suba salarial es el dato central. A eso se suman partidas específicas para hospitales que dependen de las universidades —un capítulo que venía trabado desde hace meses— y un esquema de actualización trimestral que, al menos en teoría, impide que los salarios docentes y no docentes vuelvan a licuarse en el corto plazo. El Ejecutivo busca además que la discusión sobre el esquema general de financiamiento quede encuadrada dentro del debate del Presupuesto, lo que le daría más control sobre el techo del gasto.
La demanda que no se retira
Aquí está el nudo: los rectores firmaron el acuerdo, pero no desistieron de la demanda judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. El Gobierno venía pidiendo ese retiro como condición implícita; no lo consiguió. Para el CIN, la ley sigue siendo el piso legal, y el acuerdo es solo un instrumento de emergencia, no un reemplazo del marco normativo. El conflicto judicial, en síntesis, sigue abierto.
La jugada del Gobierno
El Ejecutivo no abandona la idea de una nueva Ley de Financiamiento Universitario que reemplace la norma actual —vetada parcialmente en 2024— y encuadre las partidas en el Presupuesto nacional. La lógica oficial es clara: prefiere discutir plata dentro del techo fiscal antes que con una ley que fija montos automáticos. Los rectores, que vivieron dos años de paros, marchas y judicialización, leen esa movida como un intento de sacarle el diente a la autonomía financiera universitaria.
Qué viene
El acuerdo descomprime la tensión inmediata —y evita otro paro docente en el inicio del segundo semestre— pero no cierra el conflicto de fondo. La demanda en la Corte avanza, el debate por la nueva ley también, y las paritarias trimestrales implican que cada noventa días habrá una nueva negociación. Dato para llevar: el Gobierno tardó más de dos años en acordar algo que, en la letra chica, todavía no resuelve el desacuerdo central.
El cruce
Análisis editorialClarín pone el acento en lo que falta: el acuerdo alivia pero los rectores insisten con la ley vigente. La Nación y La Gaceta lo presentan como el cierre de una etapa tras dos años de puja, sin mayor crítica. Ámbito se queda con los datos del entendimiento —porcentajes, hospitales, paritarias— sin tomar partido. TN invierte el foco: lo que importa no es el acuerdo sino que el Gobierno ya prepara una nueva ley para reemplazar la vigente.
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Fuentes consultadas
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