Adorni tiene 15 días: Lijo evalúa citarlo a indagatoria antes de la feria judicial

El reloj corre para Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo tiene en sus manos la decisión de citarlo a indagatoria antes del 21 de julio, fecha en que comienza la feria judicial de invierno. Si no actúa antes de esa fecha, la convocatoria formal se postergaría varias semanas más.

La causa

La investigación apunta a tres frentes: un viaje en avión privado a Punta del Este que Adorni habría realizado por invitación de un productor con contratos vigentes en la TV Pública, movimientos patrimoniales que no cierran con sus ingresos declarados, y posibles beneficios indebidos derivados de esa relación. El cargo jurídico en análisis es negociaciones incompatibles con la función pública, aunque las fuentes también mencionan la figura de enriquecimiento ilícito.

Los elementos que Lijo espera terminar de evaluar incluyen nuevos chats, audios y documentación patrimonial. Ningún medio precisa cuántas pruebas quedan pendientes ni cuándo exactamente el juez tomará la decisión, pero todos ubican el horizonte en los próximos quince días.

El movimiento de Adorni

Del lado del jefe de Gabinete, el plan sería anticiparse: en el corto plazo presentaría su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, un gesto que sus allegados leen como señal de transparencia pero que también sirve para construir un relato antes de cualquier citación formal.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita, que hasta ahora llevaba el expediente, será reemplazado temporalmente por Franco Picardi durante las próximas semanas. El cambio es administrativo —cubre el período vacacional del titular—, pero en causas con este nivel de exposición pública cualquier alternancia en el equipo acusador suma variables.

Por qué importa

Adorni no es cualquier funcionario: es el portavoz oficial del Gobierno y, desde el ascenso de Francos a la jefatura de Gabinete y su posterior salida, pasó a ocupar un lugar de mayor visibilidad en la cadena de decisión del Ejecutivo. Una indagatoria no implica procesamiento ni condena, pero políticamente obliga al Gobierno a salir a defenderlo públicamente o a redefinir su rol.

El Gobierno no se pronunció sobre la causa. Adorni tampoco hizo declaraciones públicas al respecto esta semana.

Lo que sigue

Si Lijo decide avanzar antes del 21 de julio, Adorni tendría derecho a declarar o a negarse. Si la feria llega antes que la citación, el tema se congela hasta agosto. El dato que los medios omiten: la TV Pública, entidad en el centro de la causa, sigue operando bajo la misma conducción sin que nadie haya explicado qué pasó con los contratos que originaron la investigación.