Bolivia expulsa a la embajadora colombiana mientras las protestas entran en su cuarta semana
El gobierno de Rodrigo Paz declaró persona non grata a la diplomática de Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre las protestas, que ya acumulan escasez de combustible, medicamentos y alimentos en el país andino.

Bolivia atraviesa su peor crisis social desde la llegada de Rodrigo Paz al poder y la situación escala en varios frentes al mismo tiempo. En la cuarta semana consecutiva de manifestaciones, miles de personas marcharon por La Paz reclamando la renuncia del presidente, chocaron con la policía en el centro de la capital y el Congreso abrió el debate para eliminar restricciones legales que habilitarían una declaración de estado de excepción.
La expulsión colombiana
El dato más disruptivo del día fue diplomático. El gobierno boliviano expulsó a la embajadora de Colombia después de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas como una "insurrección popular". La Paz rechazó lo que llamó "injerencia" en asuntos internos y la declaró persona non grata. Petro es conocido por sus declaraciones de apoyo a movimientos sociales en la región — esta vez el destinatario fue un gobierno que él no considera aliado ideológico, lo que suma un matiz geopolítico al conflicto interno boliviano.
Qué pasa en las calles
Las marchas ya no son solo de trabajadores o sectores sindicales. La escasez de combustible, medicamentos y alimentos amplió la base de descontento a sectores medios urbanos. Los bloqueos de rutas, que se mantienen activos en varios departamentos, cortaron cadenas de distribución y generaron desabastecimiento en zonas que normalmente no participan de protestas. En La Paz, los choques con la policía dejaron imágenes de represión que circularon ampliamente y alimentaron la demanda de renuncia.
Las respuestas del gobierno
Paz ofreció recortarse el sueldo y convocó al diálogo — dos gestos que, en este contexto, leen más como señales de debilidad que de liderazgo. El Congreso, por su parte, debate eliminar restricciones legales para facilitar una eventual declaración de emergencia. Si esa herramienta se activa, el gobierno tendría más poder para contener las protestas, pero también asumiría el costo político de una medida de excepción que puede profundizar la fractura.
Desde Santa Cruz, los sectores cívicos —históricamente el contrapeso regionalista más organizado de Bolivia— lanzaron amenazas propias que los medios no detallan del todo, pero que agregan otra variable al tablero. Santa Cruz es el departamento más rico del país y cuando sus élites se mueven, el mapa político cambia.
Qué viene
Bolivia tiene tres crisis superpuestas: una social con protestas masivas, una económica con desabastecimiento y una diplomática recién abierta con Colombia. Paz no muestra señales de renunciar, pero tampoco tiene herramientas claras para descomprimir. El debate en el Congreso sobre el estado de excepción es el próximo indicador: si avanza, el gobierno apuesta a la fuerza; si se frena, la presión de la calle gana terreno. Dato para llevar: el presidente que propone bajarse el sueldo en medio de una crisis de desabastecimiento suele ser el mismo que semanas después resigna el cargo.
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