Bolivia promulga la Ley de Estado de Excepción y Evo Morales desafía al gobierno a detenerlo

Bolivia escaló su crisis política esta semana cuando el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Estado de Excepción, el marco legal que autoriza al ejército a intervenir para despejar las rutas bloqueadas desde hace más de 30 días. La medida no es la aplicación del estado de excepción en sí, sino su reglamentación — el Gobierno aclaró que lo decretará "cuando corresponda".

La presión de la calle

Cabildos en La Paz y Sucre empujaron la decisión: miles de ciudadanos se congregaron para exigir que el Estado recupere el control del tránsito. Los bloqueos llevan más de un mes paralizando rutas clave y el gobierno cedió al menos en el plano legislativo, aunque postergó la aplicación efectiva.

Morales sube la apuesta

El expresidente Evo Morales no esperó para responder. Desde el Chapare — su bastión sindical cocalero — desafió públicamente a Paz a ir a arrestarlo, aseguró que no huirá y convocó a sus sectores a la desobediencia civil. Sus aliados amenazaron con ocupar cuarteles si el gobierno avanza con la intervención militar. El tono es el de alguien que calcula que Paz no se atreverá a ejecutarlo.

Qué viene

El gobierno boliviano tiene ahora el instrumento legal pero enfrenta el dilema político de usarlo. Movilizar al ejército contra bloqueos rurales con Morales en el centro del conflicto es una decisión con costos impredecibles: puede levantar los cortes o escalar hacia una confrontación mayor. Los cabildos que exigieron acción también pueden volver si el gobierno no actúa.

Dato para llevar: el Chapare, donde Morales espera que vengan a buscarlo, es la misma región que lo catapultó a la presidencia en 2006. Arrestarlo ahí sería, para el oficialismo, como jugar de visitante en cancha difícil.