Crimen de Ferreyra: condenaron a un exjuez y un exfuncionario por encubrir al sindicalista Pedraza

Un tribunal condenó este año a dos exfuncionarios judiciales por intentar desviar la investigación del crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010 durante un violento ataque en un corte de vías del Ferrocarril Roca. Aráoz de Lamadrid recibió 5 años de prisión; Ameghino Escobar, 3.

Los condenados

Octavio Aráoz de Lamadrid se desempeñaba como secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal al momento de los hechos. Luis Ameghino Escobar era el encargado del sistema informático de asignación de jueces en ese mismo tribunal. Ambos fueron encontrados culpables del delito de tráfico de influencias agravado: intercedieron para beneficiar al sindicalista José Luis Pedraza, exsecretario general de la Unión Ferroviaria, condenado en 2013 como coautor del homicidio de Ferreyra.

El caso original

Ferreyra tenía 23 años cuando fue baleado durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril que reclamaban ser incorporados a la planta permanente. El ataque fue organizado por patoteros vinculados al sindicato conducido por Pedraza. El crimen generó una causa que derivó en múltiples juicios y expuso los vínculos entre dirigentes gremiales, aparato judicial y estructuras de inteligencia.

Este juicio, el más reciente en la cadena, analizó específicamente el esquema de sobornos y gestiones para ocultar el rol de Pedraza en el homicidio. Según reconstruyó el tribunal, los condenados actuaron para influir sobre los jueces que debían intervenir en la causa y así amortiguar las consecuencias penales para el sindicalista.

Lo que reveló el juicio

El proceso permitió trazar un mapa de relaciones entre un sector del fuero federal de Comodoro Py, el sistema de inteligencia y operadores políticos. Página/12 es el único medio que subraya esta dimensión; los demás se concentran en el fallo puntual sin profundizar en la red descripta durante el debate.

La condena no implica que la causa esté cerrada. El crimen de Ferreyra generó varias investigaciones paralelas y la figura del encubrimiento judicial —que recién llega a juicio más de una década después del hecho— ilustra cuánto tiempo tarda el sistema en procesar sus propios casos de corrupción interna.

Qué sigue

Las condenas son de primera instancia y pueden ser apeladas. Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar tienen margen para recurrir el fallo ante la propia Casación Penal, el tribunal donde uno de ellos trabajó y donde, según el juicio, ejerció las influencias que ahora le cuestan cinco años de prisión.