El fiscal apeló el fallo que suspendió la baja de imputabilidad: acusa a la jueza de avanzar sobre el Congreso

La Fiscalía apeló el fallo de la jueza que suspendió la aplicación de la Ley 27.801, la norma que baja la edad de imputabilidad en Argentina. La resolución judicial había frenado la ley por 60 días en la Ciudad de Buenos Aires, y el fiscal consideró que esa decisión cruza una línea que ningún juzgado debería cruzar.

Lo que dijo la Fiscalía

El representante del Ministerio Público apuntó en dos direcciones. Primero, que no existe un caso concreto que justifique el uso de un hábeas corpus — el mecanismo que utilizó la jueza para frenar la ley. Segundo, y más directo: que la magistrada suspendió una norma nacional sin contar con información suficiente sobre su impacto real. "Avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado", señaló el fiscal en el escrito de apelación.

El problema de fondo

Un hábeas corpus es un recurso diseñado para proteger la libertad de una persona detenida o amenazada de detención. Usarlo para suspender una ley de alcance nacional es, en términos procesales, una jugada audaz — y eso es exactamente lo que cuestiona la Fiscalía. El argumento es simple: si el Congreso sancionó la ley, solo otro tribunal con jurisdicción suficiente puede frenarla, y con razones concretas. No mediante un instrumento pensado para casos individuales.

Qué viene

La apelación va ahora a una instancia superior, que deberá resolver si la cautelar se mantiene o cae. Si el fallo de la jueza Pascual se revoca, la Ley 27.801 vuelve a aplicarse en Buenos Aires mientras dure cualquier otro proceso judicial que se abra en su contra. Si se confirma, los 60 días de suspensión siguen corriendo y el debate legal se profundiza.

El dato que no hay que perder de vista: la ley ya tiene vigencia en el resto del país. El litigio, por ahora, es exclusivamente porteño — lo que convierte a Buenos Aires en el campo de prueba judicial de una de las normas más discutidas del año.