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Economía

El Gobierno adjudicó dos nuevos tramos de rutas nacionales a empresas privadas

El Ministerio de Economía formalizó la concesión de más de 1.800 kilómetros de corredores viales bajo gestión privada, con contratos a 20 años y un nuevo esquema tarifario sin respaldo estatal.

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Un tranquilo camino de tierra a través del paisaje rural de Argentina, bordeado de frondosos árboles bajo un cielo despejado.
Foto por Tomás Asurmendi en Pexels

El Gobierno nacional adjudicó dos nuevos tramos de la concesión de rutas nacionales a empresas privadas, en el marco del proceso de reorganización de la red vial del país. El Ministerio de Economía firmó la resolución que otorga la administración de estos corredores, que suman más de 1.800 kilómetros en total, bajo un esquema que no contempla garantías estatales.

Los tramos adjudicados

Cada uno de los dos tramos fue asignado a distintas empresas ganadoras del proceso licitatorio. Según la información disponible, las concesiones abarcan rutas de alcance nacional distribuidas en diferentes zonas del territorio argentino. Los contratos tienen una duración de 20 años, lo que representa un compromiso de largo plazo tanto para el sector privado como para la infraestructura del país.

El esquema adoptado implica que las concesionarias asumirán la gestión, el mantenimiento y la eventual ampliación de los tramos a su cargo sin respaldo económico por parte del Estado, a diferencia de modelos anteriores en los que el sector público garantizaba ingresos mínimos a los operadores.

El nuevo esquema tarifario

Uno de los aspectos centrales del nuevo modelo es la estructura de tarifas. A diferencia de los marcos regulatorios previos, el esquema tarifario actual fue diseñado para que las concesionarias financien sus operaciones exclusivamente a través del cobro de peajes, sin subsidios ni transferencias del Tesoro nacional.

Esta modalidad busca trasladar al sector privado tanto los riesgos como los beneficios de la gestión vial, en línea con la orientación general de la política económica del actual gobierno, que apunta a reducir el peso del Estado en sectores que considera aptos para la administración privada.

Según versiones de la prensa especializada, el nuevo esquema también incorpora cláusulas de revisión periódica de las tarifas, vinculadas a índices de costos del sector, lo que apunta a preservar la ecuación económica de los contratos ante variaciones inflacionarias.

El contexto de la licitación

La adjudicación de estos dos tramos forma parte de un proceso más amplio de renovación y ampliación de las concesiones viales nacionales, que el Gobierno viene impulsando desde que asumió. La red de rutas concesionadas en Argentina históricamente presentó problemas de mantenimiento y renovación, en parte asociados a contratos que no generaban incentivos suficientes para la inversión privada.

El modelo anterior de concesiones había caducado o estaba próximo a vencer en varios corredores, lo que generó un período de transición con administración estatal directa a través de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad. La nueva adjudicación busca cerrar esa etapa y establecer contratos modernos con mayor certidumbre jurídica para los inversores.

El proceso licitatorio convocó la participación de distintas empresas del sector de la construcción e infraestructura vial, y la adjudicación se realizó luego de evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas.

Qué viene

Con estas dos adjudicaciones, el Gobierno avanza en la hoja de ruta para completar la concesión de los principales corredores viales del país bajo el nuevo esquema. Se espera que en los próximos meses se definan los restantes tramos que aún no cuentan con concesionaria designada, completando así la red bajo gestión privada.

La puesta en marcha efectiva de las nuevas concesiones dependerá de los plazos que establezcan los contratos para la transferencia formal de los tramos y el inicio de las obras de mejoramiento comprometidas. El seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones quedará en manos de los organismos regulatorios competentes, cuya capacidad de fiscalización será clave para garantizar que los compromisos asumidos por las empresas ganadoras se traduzcan en mejoras concretas para los usuarios de las rutas.

Fuentes consultadas

Esta nota fue elaborada a partir del cruce de cobertura de varios medios. Si querés ampliar, podés visitar las fuentes originales.

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