El Gobierno creó una mesa de seguridad para blindar las inversiones del RIGI del crimen organizado

El Gobierno creó una mesa de seguridad específica para proteger los proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) frente a la infiltración del crimen organizado. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a anticipar riesgos antes de que se materialicen, no a responder cuando ya ocurrieron.

Qué busca la medida

La lógica detrás de la resolución es sencilla: proyectos grandes mueven plata grande, y la plata grande atrae actores ilegales. El Gobierno identificó como vectores de riesgo el lavado de dinero, el narcotráfico, la corrupción y la infiltración de economías ilícitas en las cadenas logísticas y de suministro vinculadas a obras de energía, minería e infraestructura.

La mesa de seguridad funcionará como un espacio de coordinación entre organismos del Estado para mapear esas vulnerabilidades antes de que los proyectos estén en ejecución plena. No es un cuerpo de control reactivo: la idea es anticiparse a los riesgos que históricamente acompañaron las obras de gran escala en Argentina.

El contexto del RIGI

El RIGI fue uno de los pilares de la ley Bases aprobada en 2024. El régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares en sectores estratégicos. Desde su lanzamiento, el Gobierno buscó atraer capitales externos con la promesa de estabilidad regulatoria por 30 años.

Que ahora se cree una mesa de seguridad asociada al RIGI señala que el Ejecutivo reconoce una tensión real: el mismo atractivo que hace al régimen interesante para inversores legítimos —obras grandes, dinero abundante, cadenas logísticas extensas— también puede atraer a actores que buscan blanquear capitales o infiltrar estructuras legales con fondos de origen ilícito.

Lo que no dicen los medios

Las coberturas coinciden en describir el comunicado oficial sin agregar información extra sobre cómo funcionará la mesa en la práctica: quiénes la integran, con qué presupuesto cuenta, qué protocolos de intervención tendrá o cómo se coordinará con la Justicia federal. Ningún medio suma datos más allá del texto de la resolución.

Eso deja preguntas abiertas. La distinción entre una mesa de seguridad operativa y un organismo de papel suele estar en los detalles de implementación —y esos detalles todavía no están disponibles públicamente.

Qué viene

El RIGI tiene varios proyectos en distintas etapas de aprobación, con inversiones declaradas en el sector de hidrocarburos, minería de litio y energía renovable. La mesa de seguridad deberá demostrar que puede funcionar de manera preventiva en sectores donde el Estado argentino históricamente llegó tarde.

Dato de cierre: el mismo régimen que prometió blindar a los inversores de la inestabilidad regulatoria ahora necesita también blindarlos del crimen organizado. La promesa de certeza jurídica tiene, al parecer, una dimensión que no estaba en el prospecto original.