El Gobierno extiende el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales

El Gobierno nacional lanzó un programa para bloquear celulares en los penales provinciales, ampliando una estrategia que hasta ahora se limitaba al Servicio Penitenciario Federal. La medida se publicó en el Boletín Oficial e incluye un protocolo técnico y un modelo de convenio para que cada jurisdicción pueda sumarse.

Cómo funciona

La adhesión es voluntaria. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden firmar un convenio con el Estado nacional para aplicar el mismo sistema de bloqueo que ya opera en los penales federales. El programa establece un protocolo técnico unificado, aunque los detalles operativos de cada cárcel quedan bajo responsabilidad de la administración local.

Por qué importa

El uso de celulares en cárceles es uno de los problemas más citados cuando se habla de crimen organizado desde adentro: coordinación de extorsiones, narcotráfico y amenazas se canalizan desde teléfonos que entran de contrabando a los penales. La medida apunta directamente a eso, aunque su eficacia depende de cuántas provincias decidan adherirse y con qué velocidad.

Las dudas

La adhesión voluntaria es, a la vez, el límite del programa. El gobierno nacional no tiene poder de imposición sobre los sistemas penitenciarios provinciales, que dependen de cada ejecutivo local. Si las provincias con mayor índice de conflictividad carcelaria no firman el convenio, el bloqueo queda circunscripto a los penales federales, que alojan a una minoría del total de detenidos en el país.

Lo que viene

El programa ya tiene estructura legal; lo que falta es voluntad política provincial. La mayoría de los gobernadores suelen respaldar iniciativas de seguridad del gobierno nacional cuando el costo operativo lo absorbe otro, así que la adhesión podría ser más amplia de lo que el carácter voluntario sugiere. El dato fino a seguir: cuántos convenios se firman antes de que el tema desaparezca del radar mediático.