El Gobierno transfirió $590 millones al Banco de Datos Genéticos tras orden judicial

El Gobierno nacional anunció que transferirá $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo que realiza los análisis de ADN para identificar a los hijos y nietos de desaparecidos durante la última dictadura. El anuncio llegó después de que la justicia ordenara al Ejecutivo garantizar el funcionamiento de la institución.

La orden que forzó el movimiento

La Jefatura de Gabinete comunicó formalmente a la justicia la decisión de reforzar las partidas presupuestarias. El objetivo declarado es "garantizar la continuidad operativa" del banco genético. Sin embargo, desde la Casa Rosada no dejaron pasar la oportunidad de cuestionar la medida judicial que motivó el desembolso: el Gobierno cumple, pero deja constancia de que no estuvo de acuerdo con la vía judicial.

La secuencia es clara: primero vino la orden del juez, después el anuncio oficial. No al revés.

Qué hace el BNDG

El Banco Nacional de Datos Genéticos existe desde 1987 y tiene un mandato específico: preservar y analizar información genética para determinar la identidad de personas nacidas durante el terrorismo de Estado. Es la herramienta técnica detrás de las restituciones de identidad que coordina Abuelas de Plaza de Mayo. Su presupuesto depende del Estado nacional y cualquier recorte o demora en los fondos afecta directamente los tiempos de los procesos de identificación.

La discusión sobre su financiamiento no es nueva. Este año, en el marco del recorte generalizado del gasto público, varios organismos del Estado recibieron menos fondos de los comprometidos o sufrieron retrasos en las transferencias.

El contexto fiscal más amplio

El mismo día, el Ministerio de Economía reveló otra operación: el Tesoro le compró al Banco Central USD 1.700 millones para reforzar sus reservas en moneda extranjera y asegurar los pagos de julio a los bonistas. Luis Caputo apunta a dar certidumbre sobre los compromisos de deuda mientras el calendario financiero presiona.

Las dos noticias juntas dibujan un Ejecutivo que administra con precisión quirúrgica a qué compromisos llega y cuándo: los bonistas reciben señales anticipadas y garantías en dólares; el banco genético recibe los pesos después de que un juez lo ordene.

Lo que queda sin resolver

La transferencia anunciada cubre la continuidad operativa, pero no hay información pública sobre si el monto alcanza para todo el año o solo para los próximos meses. Tampoco está claro si el Gobierno incorporará el financiamiento del BNDG en el presupuesto 2026 de manera que evite futuras intervenciones judiciales.

Paralelamente, un editorial de La Nación planteó esta semana la conveniencia de reformar la carta orgánica del Banco Central para blindar la independencia de su conducción: hoy el presidente del BCRA puede ser removido por decreto, una cláusula que los críticos consideran un riesgo institucional en cualquier ciclo político.

Dato de cierre: el BNDG lleva identificadas a más de 140 personas desde su creación. El costo de esa tarea, en términos presupuestarios, fue lo suficientemente bajo como para que hiciera falta una orden judicial para que el Gobierno lo financiara.