Empresario arregló la colectora frente a su hotel y Vialidad le exige romperla
Néstor Rozín, dueño del hotel Sol de Funes, invirtió en reparar un tramo deteriorado de la colectora sobre la autopista Rosario-Córdoba, pero el organismo nacional le ordenó restituir el sector a su estado original por obras sin autorización.
Un empresario gastó plata en reparar un tramo de ruta que el Estado no arreglaba, y el Estado le responde pidiéndole que lo destruya. Así está el asunto en el kilómetro 307 de la Autopista Rosario-Córdoba, donde Néstor Rozín, dueño del hotel Sol de Funes, intervino la colectora que da acceso a su complejo para hacer un ingreso al establecimiento.
Qué hizo
Rozín describe el estado previo del tramo como "detonado". Decidió no esperar a nadie: puso maquinaria y materiales para reparar el acceso y mejorar la conexión a su hotel, en la localidad santafesina de Funes. El resultado: una obra ejecutada por cuenta propia sobre territorio que administra Vialidad Nacional.
Qué dice Vialidad
El organismo no lo tomó como un gesto de colaboración. Detectó lo que califica como "irregularidades importantes": la obra se ejecutó sin autorización previa, sin verificaciones técnicas y sin cumplir las leyes vigentes que regulan las intervenciones en rutas nacionales. La intimación fue clara: restitución del sector a su estado original. Vialidad además advirtió que las conexiones son clandestinas y representan un riesgo para la seguridad vial.
Dicho de otro modo: el Estado le pide al empresario que vuelva a dejar roto lo que él reparó.
El debate de fondo
El caso cayó en medio de un clima político donde el gobierno nacional lleva meses reivindicando la iniciativa privada como motor de soluciones que el sector público no puede dar. Que Vialidad —un organismo nacional— le exija a un privado deshacer una inversión en infraestructura activa una contradicción incómoda. Perfil la señaló directamente en el título: "la paradoja de la iniciativa privada".
La respuesta oficial tiene lógica técnica y legal: las rutas nacionales no se pueden modificar sin habilitación porque una conexión mal diseñada genera puntos de conflicto en el tráfico, accidentes y responsabilidades jurídicas. No es capricho burocrático, aunque el efecto final sea idéntico: el tramo vuelve a estar en el estado que motivó la queja original.
Qué viene
No hay información pública sobre si Rozín presentó o planea presentar una solicitud de habilitación retroactiva, ni si Vialidad consideraría regularizar la obra en lugar de demolerla. Lo que sí queda claro es que el proceso de autorización que el empresario saltó existe —por más que la burocracia sea lenta— y que la discusión sobre quién paga la reconstitución del tramo no está resuelta.
Dato para llevarse: si Rozín cumple la orden y destruye lo que construyó, el kilómetro 307 queda exactamente igual que antes, con el agregado de que ahora ya sabe cómo hacerlo bien la próxima vez.
El cruce
Análisis editorialInfobae y Clarín presentan el caso desde el ángulo del conflicto y el riesgo vial, con tono adverso hacia la obra del empresario. La Nación lo narra de manera más neutral, describiendo los hechos sin tomar partido. Perfil es el único que marca abiertamente la contradicción política del episodio, apuntando a la paradoja entre el discurso oficial pro-iniciativa privada y la respuesta burocrática de Vialidad.
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Fuentes consultadas
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