Fallo judicial obliga al PAMI y Salud a normalizar pagos por discapacidad

El juez federal Hugo Vaca Narvaja, de Córdoba, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud normalizar los pagos por prestaciones de discapacidad. La resolución, que hace lugar a un amparo colectivo impulsado por colectivos e instituciones cordobesas, establece un plazo concreto: este viernes el programa Incluir Salud debe saldar los pasivos acumulados con los prestadores.

El fallo

Vaca Narvaja encontró mérito suficiente para un amparo de alcance nacional. En la resolución advirtió sobre un "riesgo inminente" para las personas que dependen del sistema: aquellas que reciben cobertura de medicamentos, terapias y apoyos a través de Incluir Salud. El amparo fue impulsado por entidades de Córdoba que llevan meses reclamando que los prestadores están al borde de la quiebra por la falta de pago.

El contexto

Incluir Salud es el programa nacional que da cobertura de salud a personas con discapacidad sin otro sistema de cobertura. Depende del Ministerio de Salud y, según las prestadoras, acumula deudas que se agravaron desde que el Gobierno nacional recortó el gasto en el área. Las instituciones que brindan servicios —rehabilitación, transporte especial, asistencia diaria— denuncian que no cobran lo suficiente ni a tiempo para cubrir sus costos operativos.

El PAMI, que también fue incluido en la orden judicial, gestiona prestaciones similares para afiliados con discapacidad. Ni el organismo ni el Ministerio de Salud habían hecho declaraciones públicas sobre el fallo al momento del cierre de esta nota.

Qué viene

El vencimiento del plazo este viernes convierte el fallo en una prueba concreta: o el Gobierno deposita los fondos o enfrenta una situación de incumplimiento judicial. Las entidades prestadoras habían advertido que, sin los pagos, muchas no pueden garantizar la continuidad del servicio la semana próxima.

Esta no es la primera vez que la justicia federal interviene por el recorte en discapacidad: en los últimos meses se acumularon medidas cautelares y fallos similares en distintas jurisdicciones. El patrón se repite: el Gobierno no paga, los prestadores inician acciones legales, la justicia ordena pagar, y el Gobierno vuelve a negociar los plazos. El dato que resume el ciclo: los prestadores llevan litigando desde antes del verano, y todavía están litigando.