La Corte Suprema cerró la causa ambiental contra YPF y petroleras en Vaca Muerta por falta de pruebas

La Corte Suprema de Justicia cerró una causa ambiental que llevaba más de dos décadas en el sistema judicial. El fallo, firmado por Horacio Rosatti y tres conjueces —los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusaron—, rechazó la demanda presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra un grupo de empresas petroleras que operan en Vaca Muerta: YPF, Chevron, Pan American Energy, Pampa Energía, TotalEnergies, entre otras, además de tres provincias.

Los fundamentos

El tribunal consideró que los demandantes no lograron acreditar, con el nivel de evidencia técnica requerido, un daño ambiental relevante de carácter interprovincial atribuible a las compañías señaladas. La demanda original, iniciada en 2003, reclamaba la recomposición integral de todos los daños ambientales generados por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. Veintiún años después, el expediente cerró sin condena.

La vara que aplica la Corte para causas de este tipo es alta: en materia ambiental interjurisdiccional, exige prueba concreta y técnica de que el daño cruzó fronteras provinciales y es atribuible a las empresas demandadas. Sin eso, no hay competencia federal ni hay causa.

Qué celebra el sector

El sector empresario recibió el fallo con alivio explícito. Desde distintas cámaras y compañías petroleras se difundieron comunicados que destacan la "previsibilidad institucional" y la "seguridad jurídica" para nuevas inversiones. El argumento es directo: una condena ambiental amplia sobre operadoras de Vaca Muerta habría complicado —o encarecido— el ingreso de capitales a la formación que el Gobierno nacional viene presentando como motor de la próxima década.

Perfil fue el medio que más enfatizó ese ángulo, titulando directamente que la Corte "blindó las inversiones". Los demás medios cubrieron el fallo en términos más descriptivos, centrados en el rechazo de la demanda. El comunicado oficial de las empresas, en varios casos, parece haber sido el insumo principal de la cobertura.

El contexto

Vaca Muerta concentra hoy una proporción creciente de las apuestas económicas del Gobierno de Javier Milei: el RIGI, el gasoducto Néstor Kirchner, los contratos de exportación de GNL y las negociaciones con operadoras internacionales giran todos alrededor de esa formación en Neuquén. Un fallo adverso —aunque hubiera sido de alcance limitado— habría añadido ruido jurídico a un proceso de inversión que el Ejecutivo viene cuidando con atención.

ASSUPA, la ONG demandante, surgió en los años noventa para representar a los propietarios superficiarios patagónicos afectados por la actividad hidrocarburífera. La demanda de 2003 fue una de sus acciones más ambiciosas: apuntaba a obtener un reconocimiento judicial de daño ambiental acumulado en toda la cuenca. La Corte, dos décadas después, concluyó que eso nunca se probó.

Qué sigue

El cierre del expediente no implica que la discusión ambiental sobre Vaca Muerta desaparezca del mapa judicial. Otros litigios —más acotados, con evidencia técnica más específica— siguen activos en distintas instancias. Lo que sí queda claro es que el modelo de demanda amplia, sin prueba técnica robusta de daño interprovincial, no prospera ante la Corte.

Dato de cierre: la causa tardó 21 años en resolverse. En ese tiempo, Vaca Muerta pasó de ser una promesa geológica a convertirse en el corazón de la política energética argentina. El expediente envejeció más rápido que la formación.