La Justicia federal argentina asumió la demanda para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto se declaró competente en el amparo colectivo presentado por veteranos y ambientalistas contra Rockhopper y Navitas Petroleum, que impulsan el proyecto petrolero en aguas malvinenses.
La Justicia federal argentina dio un paso concreto en el intento legal de frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur: la jueza Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo presentado contra el proyecto Sea Lion. La decisión no resuelve el fondo del asunto, pero habilita el camino procesal para que el caso avance en tribunales argentinos.
Quiénes demandan y qué piden
La acción fue presentada por el CECIM La Plata (excombatientes de Malvinas) junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. El blanco son Rockhopper Exploration —empresa de capitales británicos e israelíes— y Navitas Petroleum, socias en el proyecto de extracción de hidrocarburos en la zona marítima que involucra las Islas Malvinas. El pedido de medidas cautelares, que podría suspender preventivamente el proyecto, aún no fue resuelto por la jueza.
El argumento jurídico
Borruto consideró que la causa involucra dos intereses constitucionales que justifican la intervención argentina: el medioambiente y la soberanía nacional. Eso le permite a la jueza afirmar jurisdicción sobre un proyecto que opera desde territorio reclamado por el Reino Unido, sin reconocimiento argentino. Si prosperan las cautelares, el efecto práctico sería más simbólico que ejecutivo —los tribunales argentinos no pueden ordenar a empresas en suelo británico que paren— pero el precedente legal importa.
El frente diplomático y el rol del Gobierno
Paralelo al avance judicial, el Gobierno de Milei trabaja otro ángulo: busca que Estados Unidos presione al Reino Unido y que se les recorten proveedores al proyecto Sea Lion. Según iProfesional, el Gobierno espera una nueva señal de Washington luego del diálogo entre Trump y el primer ministro laborista Andy Burnham. La estrategia combina litigio doméstico con presión internacional, aunque las chances de que Sea Lion se detenga solo por la demanda judicial son limitadas.
Lo que viene
El expediente en Río Grande tiene ahora una jueza a cargo y un reclamante con legitimación reconocida. El paso siguiente —la resolución sobre las cautelares— es el que definiría si hay algún efecto concreto en el corto plazo. Dato para guardar: Rockhopper lleva más de una década intentando financiar Sea Lion sin conseguir los capitales necesarios. El tribunal de Tierra del Fuego puede ser el problema más pequeño que tiene el proyecto.
El cruce
Análisis editorialPerfil y La Nación se centran en el hecho jurídico puro: la jueza asume competencia. TN y Ámbito coinciden en ese ángulo pero agregan el detalle del nombre de la magistrada y la mención explícita a la soberanía. Página/12 es el único que carga el tono: llama al proyecto 'británico-israelí' y habla de 'territorio usurpado', tomando partido editorial claro. iProfesional entra por otro lado: pone el foco en la estrategia diplomática del Gobierno de Milei con Estados Unidos, casi ignorando el avance judicial.
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Fuentes consultadas
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