La Legislatura bonaerense archivó en 38 segundos los expedientes del caso Chocolate
La Cámara de Diputados bonaerense votó sobre tablas, con más de dos tercios de los presentes, archivar los expedientes que podrían revelar quiénes contrataron a los empleados fantasma del escándalo Rigau.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires resolvió archivar los expedientes vinculados al caso "Chocolate" Rigau — el escándalo de empleados que cobraban sin trabajar — en una votación que duró 38 segundos y se aprobó sobre tablas, sin debate previo, con más de dos tercios de los legisladores presentes.
Qué se archivó
Los expedientes en cuestión eran las únicas piezas administrativas que podían revelar quiénes designaron a los llamados "ñoquis": empleados fantasma que figuraban en nómina sin presentarse a trabajar. La Justicia había solicitado esa información. La Legislatura respondió cerrando el acceso.
El archivo se decidió en una votación general, sin especificar públicamente qué expedientes incluía ni quiénes los habían firmado. La decisión fue tomada sobre tablas — un mecanismo que evita el tratamiento en comisión y acorta el debate al mínimo posible.
La velocidad como mensaje
La cifra que define la votación no es el porcentaje a favor sino el tiempo: 38 segundos. En ese lapso, el cuerpo legislativo más grande de la provincia decidió que la Justicia no accederá a los registros que identifican a los responsables políticos de las contrataciones irregulares. No hubo discurso, ni exposición de motivos, ni registro nominal del voto.
El mecanismo de votación general impide saber qué legisladores respaldaron el archivo y cuáles se opusieron. La opacidad es doble: se oculta quién contrató a los empleados y quién votó para que eso no se sepa.
El contexto del escándalo
El caso Rigau estalló cuando se difundieron imágenes y registros de empleados de la Legislatura bonaerense que no cumplían funciones. El apodo "Chocolate" corresponde a uno de los casos más visibles, aunque las irregularidades alcanzarían a varias bancadas. Desde entonces, la presión judicial apuntó a los expedientes de designación como la prueba documental clave para identificar responsabilidades políticas.
El archivo decidido esta semana no elimina esos documentos, pero los sustrae del alcance de la Justicia — al menos en el corto plazo, mientras no haya un fallo que obligue a entregarlos.
Qué sigue
La Justicia puede insistir por vía judicial y requerir los expedientes con una orden formal. La Legislatura, por su parte, ya dejó en claro cuál es su postura: archivar rápido, votar en bloque y no dejar registro de quién fue responsable. Para un cuerpo que se supone transparente por diseño institucional, 38 segundos es una marca difícil de superar.
El cruce
Análisis editorialLa Nación pone el acento en el secretismo de la decisión y la negativa explícita a colaborar con la Justicia, destacando que el archivo impide revelar quiénes designaron a los ñoquis. TN, en cambio, elige el dato más llamativo como anzuelo: los 38 segundos que duró la votación, y agrega que las tarjetas de la corrupción salpican a toda la Legislatura. Ambos medios son críticos, pero uno arranca por el encubrimiento institucional y el otro por el detalle que mejor ilustra la velocidad con que se quiso enterrar el asunto.
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Fuentes consultadas
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