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Sociedad

Procesaron al camarista Sánchez Torres por abuso y violencia de género

El juez federal Abel Sánchez Torres quedó procesado y embargado por $70 millones; el expediente lo ubica en una trama de abuso de autoridad y lesiones graves, mientras su colega Graciela Montesi quedó sobreseída.

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El camarista federal de Córdoba Abel Sánchez Torres fue procesado por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes le trabó además un embargo de $70 millones y rechazó el pedido de detención. Su colega Graciela Montesi quedó sobreseída, así que el expediente ya no la alcanza.

Qué resolvió el juez La decisión judicial deja a Sánchez Torres en una situación incómoda para cualquier magistrado: un procesamiento, un embargo millonario y una acusación que ya no se puede despachar como ruido de pasillo. La medida no implica condena, pero sí reconoce que hay elementos suficientes para avanzar con la causa.

La resolución también marca una diferencia clara con Montesi. La fiscalía había pedido que la investigación siguiera contra ambos, pero el juzgado cortó por lo sano y cerró la puerta para ella. En criollo: uno quedó adentro del expediente; la otra, afuera.

Lo que miraron los medios La Nación puso el foco en la figura institucional: un camarista federal procesado por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género. Perfil, en cambio, sumó el dato más ruidoso del expediente: el embargo por $70 millones y el rechazo a detener al magistrado.

Los dos medios coinciden en lo central, pero priorizan cosas distintas. Uno subraya la gravedad de la conducta atribuida; el otro baja a la letra chica procesal, que suele ser donde se mide el verdadero costo de estas causas.

El peso del cargo Sánchez Torres no es un funcionario menor. Es un camarista federal, es decir, parte de una de las instancias más altas del fuero. Por eso el caso tiene un efecto que excede a Córdoba: toca la credibilidad de un poder del Estado que suele pedir mesura ajena y tolerancia propia.

El sobreseimiento de Montesi también ordena la escena judicial. No todo quedó en el mismo paquete, aunque los nombres hayan viajado juntos al principio. La justicia, cuando quiere, también sabe separar. Tarde, pero sabe.

Lo que sigue El procesamiento abre la etapa en la que la defensa intentará desarmar la acusación y la querella buscará sostenerla con pruebas. El expediente todavía puede moverse, pero ya dejó una marca pesada: un camarista federal con embargo de $70 millones y una causa que pone la lupa sobre el comportamiento de quienes deberían revisarle la conducta a los demás.

Dato final para guardar: el sistema judicial argentino sigue inventando una rareza nueva cada tanto; esta vez, un juez procesó a otro juez.

El cruce

Análisis editorial
Cómo lo encararon los medios

La Nación pone primero la gravedad institucional: que un camarista federal quedó procesado por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género. Perfil baja más a la letra chica y destaca el embargo de $70 millones y el rechazo al pedido de detención. Los dos coinciden en el punto central, pero uno subraya la acusación y el otro el movimiento procesal.

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