Salud mental en Argentina: qué le falta a la ley y por qué el debate no termina

El 16% de los estudiantes secundarios argentinos consumió alguna vez marihuana, cocaína, éxtasis, paco, inhalables, alucinógenos, anfetaminas o ketamina. El dato es de Sedronar y funciona como punto de partida para una discusión que excede el consumo problemático: la salud mental en Argentina tiene un marco legal que cumple más de una década y que, según especialistas y funcionarios, necesita una revisión profunda.

El estado de la ley

La Ley Nacional de Salud Mental (26.657), sancionada en 2010, fue un cambio de paradigma en su momento: desplazó el modelo manicomial hacia uno comunitario, priorizó los derechos de los pacientes y estableció que la internación debía ser el último recurso. En teoría. En la práctica, la implementación fue despareja. La red de dispositivos comunitarios que la ley exige —centros de día, casas de medio camino, equipos interdisciplinarios territoriales— nunca se construyó a la escala necesaria.

Lo que quedó, en muchos casos, fue el discurso sin la infraestructura. Los hospitales neuropsiquiátricos siguieron funcionando como destino casi único para los casos más graves, y los pacientes con patologías crónicas terminaron en una zona gris: sin internación prolongada disponible (porque la ley la desalienta) y sin alternativas comunitarias reales (porque el Estado no las financió).

Las patologías del momento

El consumo de sustancias es la entrada visible al problema, pero no la única. Ansiedad y depresión crecieron de manera sostenida en los últimos años —tendencia global acelerada durante la pandemia— y el sistema público no tiene capacidad de absorción. Los tiempos de espera para conseguir un turno en salud mental en hospitales públicos se miden en semanas o meses. El sector privado cubre a quien puede pagarlo.

El abordaje interdisciplinario que la ley promueve —psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería especializada— existe en los papeles y en algunos servicios modelos, pero no es la regla. La formación de recursos humanos tampoco acompañó el cambio de enfoque: hay más psicólogos por habitante en Argentina que en casi cualquier país del mundo, pero su distribución geográfica es profundamente desigual y la mayoría trabaja en el sector privado.

Qué pide la reforma

El debate sobre la reforma de la ley gira en torno a algunos ejes concretos. Primero, la internación: hay sectores que quieren flexibilizar los criterios actuales para permitir internaciones más largas en casos de patología severa, argumentando que la ley dejó a pacientes graves sin contención. Otros advierten que esa flexibilización puede abrir la puerta a prácticas que la ley original quiso cerrar.

Segundo, el financiamiento. Sin partidas específicas y sostenidas, el modelo comunitario es una promesa sin soporte. La fragmentación del sistema de salud argentino —Nación, provincias, obras sociales, prepagas— complica cualquier política uniforme.

Tercero, el rol de Sedronar y su articulación con el sistema de salud mental general. Las adicciones se tratan, en muchos casos, por fuera de la red de salud mental formal, con lógicas y financiamientos distintos. La integración entre ambas áreas sigue siendo un punto débil.

Lo que viene

El Congreso tiene sobre la mesa distintos proyectos de reforma, pero ninguno reunió consenso suficiente para avanzar. El dato de Sedronar sobre consumo en secundaria suma presión al debate: es difícil argumentar que el sistema funciona bien cuando uno de cada seis adolescentes ya tuvo contacto con sustancias ilegales.

Un detalle que resume bastante bien el estado de situación: Argentina tiene una de las leyes de salud mental más avanzadas de la región en su texto, y una de las implementaciones más fragmentadas en su ejecución. La distancia entre ambas es, en sí misma, el problema central.