Schoklender acusó a Aníbal Fernández de pagar para fabricar denuncias contra el PRO
En el juicio oral por el caso Sueños Compartidos, el exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo declaró que fondos de la fundación se usaron para financiar una usina de denuncias políticas y que la organización recibía dinero de Hugo Chávez.
Sergio Schoklender amplió su indagatoria este miércoles en el juicio oral que investiga irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, y lanzó acusaciones que apuntan al corazón del kirchnerismo: según su declaración, el entonces ministro Aníbal Fernández financiaba a un abogado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir denuncias judiciales contra dirigentes del PRO.
El esquema denunciado
El abogado mencionado por Schoklender es Eduardo Barcesat, especializado en derechos humanos y oriundo de Córdoba. Según el testimonio, los fondos llegaban a través de la Universidad de las Madres, en lo que describió como un subsidio encubierto con fines políticos. La mecánica habría sido simple: dinero estatal canalizando operaciones judiciales contra la oposición, con la fundación como intermediaria.
Schoklender también afirmó que las Madres de Plaza de Mayo recibían fondos provenientes del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, aunque no precisó montos ni períodos exactos. Volvió a cargar contra la fallecida Hebe de Bonafini, figura central de la causa y de su historia personal.
Boudou y las irregularidades
No fue la única acusación de la jornada. Schoklender también apuntó a Amado Boudou —entonces al frente del Ministerio de Economía— por supuestos manejos irregulares vinculados al programa. El juicio oral investiga cómo se gestionaron contratos millonarios de construcción de viviendas sociales durante la gestión kirchnerista, y las declaraciones de Schoklender buscan redistribuir responsabilidades hacia funcionarios políticos.
El propio acusado no esquivó su rol pero sí intentó relativizarlo: ante el tribunal, afirmó que su estándar de vida cayó después de involucrarse en el programa, en un intento de presentarse como alguien que no se enriqueció con el esquema.
El contexto del caso
Sueños Compartidos fue uno de los programas de construcción de viviendas más grandes de la era kirchnerista. Las investigaciones detectaron sobreprecios, contratos irregulares y desvíos de fondos. Schoklender fue apoderado de la fundación y figura central en la gestión del programa hasta su ruptura con Hebe de Bonafini en 2011, cuando el escándalo se hizo público.
La causa lleva más de una década en el sistema judicial argentino. Que recién ahora se llegue a juicio oral habla, entre otras cosas, de la velocidad del Poder Judicial para resolver casos de corrupción de alta exposición.
Lo que falta probar
Las declaraciones de Schoklender son testimonio propio dentro de una causa donde él mismo es imputado, lo que les da un peso procesal particular pero también un sesgo evidente: acusar a otros es una estrategia defensiva tan antigua como los juicios mismos. Ni Aníbal Fernández ni Barcesat respondieron públicamente a los dichos según los medios que cubrieron la audiencia.
El dato que queda flotando: Schoklender es quien manejó cientos de millones de pesos del Estado, y su principal argumento de defensa es que su calidad de vida empeoró.
El cruce
Análisis editorialLa Nación y Clarín priorizan las acusaciones contra Aníbal Fernández y el esquema de denuncias pagas, con un ángulo que refuerza la narrativa de corrupción kirchnerista. La Voz sigue la misma línea pero con un tono más escueto. Infobae pone el foco en la declaración personal de Schoklender sobre su propio deterioro económico, bajando el perfil a las acusaciones políticas. Página/12 directamente cubre otro juicio del mismo día, ignorando las declaraciones de Schoklender.
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Fuentes consultadas
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