Tarifas del AMBA: la canasta de servicios llegó a $250.000 en mayo y se multiplicó por nueve
Un informe del IIEP UBA-CONICET registró un salto del 17,5% mensual en los servicios públicos del AMBA, con el transporte como el rubro que más pesa y tarifas que aún cubren apenas el 58% de los costos reales.

La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzó en mayo un costo promedio de $249.833 para un hogar tipo, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET. El aumento mensual fue del 17,5% respecto de abril y la suba interanual supera el 50%. Desde 2023, el valor total se multiplicó por nueve.
Los números
El desglose del informe es preciso: electricidad, $52.811; gas, $49.972; agua, $36.612; transporte, $110.438. Ese último ítem representa el 44% del total y es, por lejos, el que más presiona sobre el presupuesto familiar. No es un dato menor: el transporte involucra decisiones políticas de subsidio que el Gobierno viene recortando de forma sostenida desde 2023.
El punto más relevante del informe es que, a pesar de todos estos aumentos, las tarifas todavía cubren apenas el 58% de los costos reales de los servicios. Dicho de otra manera: hay un 42% que sigue subsidiado, y el sendero tarifario aún no llegó a su destino.
Qué impulsó la suba de mayo
Las principales alzas en el mes vinieron de la electricidad y el gas, dos servicios que atravesaron actualizaciones de cuadros tarifarios en línea con el esquema de revisión periódica que el Gobierno implementó como parte del acuerdo con el FMI. El agua, regulada por AySA, tuvo un aumento menor en términos relativos pero acumula una presión creciente en el año.
El transporte, aunque no tuvo un salto puntual en mayo comparable al de los otros servicios, sigue siendo el principal componente de la canasta por el volumen de viajes que requiere una familia promedio en el AMBA. Cada ajuste de boleto —colectivo, tren, subte— impacta de forma directa y frecuente.
El contexto del ajuste
El proceso de reducción de subsidios energéticos y de transporte es parte explícita de la estrategia fiscal del Gobierno de Milei. La lógica es conocida: el Estado venía pagando una porción enorme de la energía que consumían los hogares, y esa diferencia la financiaba con emisión o deuda. El recorte de subsidios mejora las cuentas públicas pero traslada el costo directamente al bolsillo.
Lo que el informe del IIEP pone en números es la magnitud de ese traslado. Una canasta que en 2023 costaba alrededor de $28.000 hoy supera los $249.000. En ese período, los salarios no se multiplicaron por nueve. La brecha entre ingresos y costos de servicios es el dato que organiza el debate político sobre tarifas, aunque rara vez se lo cuantifica con esta claridad.
Lo que viene
El esquema de actualización tarifaria no está pausado. El Gobierno mantiene revisiones periódicas atadas a índices de costos del sector energético, lo que significa que la canasta seguirá subiendo mientras el 42% restante de subsidio se vaya eliminando. El ritmo dependerá de la negociación política y de cuánta inflación general haya en los próximos meses: si la inflación cede, las subas de tarifas quedan más expuestas en términos reales.
El dato para llevarse: en mayo de 2023, la canasta completa no alcanzaba para pagar ni dos facturas de luz de hoy.
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