Yacobitti apura al Gobierno por la ley universitaria

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y defendió la marcha que volvió a llenar las calles con docentes, estudiantes y no docentes. El mensaje es simple: el problema ya no pasa por discutir si existe el recorte, sino por cuánto tarda el Ejecutivo en reconocerlo y ejecutarlo.

La presión política

Yacobitti puso el foco en la obligación legal del Gobierno. Dijo que el Parlamento votó la norma en dos instancias y que ya no hay margen para estirar la definición con una excusa administrativa. La frase apunta al corazón del conflicto: la universidad pública no pide una promesa nueva, pide que se aplique una ley vigente.

La marcha universitaria le dio volumen a ese reclamo. La protesta buscó mostrar que el conflicto no quedó encerrado en los escritorios de las autoridades académicas. Hubo una señal política clara: el sistema universitario quiere sostener la calle como instrumento de presión y no piensa conformarse con negociaciones parciales.

El costo del recorte

El planteo de fondo es presupuestario. Las universidades vienen advirtiendo por salarios deteriorados, gastos corrientes ajustados al límite y funcionamiento cada vez más frágil. El Gobierno, que suele vender disciplina fiscal como virtud moral, enfrenta acá una cuenta más concreta: cuánto cuesta sostener una red educativa que sigue funcionando a fuerza de parches.

La discusión también expone una rareza argentina muy conocida: el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo la mira de reojo y después todos actúan sorprendidos por el conflicto. No hace falta mucho para entender por qué una movilización universitaria termina cruzando la frontera entre educación y política pura.

Los dos focos

La cobertura de Infobae se concentró en la marcha, en la defensa del carácter pacífico de la protesta y en el pedido de identificar a los responsables de los incidentes. La Nación, en cambio, se fue por otro carril y miró el frente económico: la necesidad de bajar el ritmo de compra de reservas del Banco Central y ordenar la relación con el FMI. Dos historias distintas, un mismo problema de fondo: el Gobierno tiene demasiadas cuentas abiertas y pocas ganas de admitirlo a tiempo.

El dato chico que queda: la UBA todavía funciona, pero cada vez más por inercia institucional que por generosidad presupuestaria.