Adorni se fue pero no la custodia: el Gobierno la mantiene por un año

Manuel Adorni dejó su cargo en el Gobierno rodeado de tensión, con una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito abierta en su contra. Pero se fue con escolta. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó en conferencia de prensa que la custodia oficial se mantiene por al menos un año, en formato reducido, bajo el argumento de "motivos de seguridad".

Los detalles

Ravier precisó que no se trata del esquema completo de un funcionario en ejercicio, sino de un "servicio reducido". La justificación oficial no apunta al riesgo concreto que enfrenta Adorni sino a un protocolo genérico. El pedido para mantener la custodia fue tramitado ante la Justicia, y el Gobierno lo validó.

Sin auditoría interna

Sobre la investigación por enriquecimiento ilícito, Ravier fue directo: no habrá auditoría interna porque la pesquisa la lleva adelante la Justicia. En la lógica oficial, si hay un proceso judicial en marcha, el Gobierno no interviene en paralelo. Los críticos leen eso de otra manera: si la Justicia investiga a un ex funcionario propio, la reacción mínima esperable sería verificar internamente qué pasó. El Gobierno descarta eso.

El contexto

Adorni condujo durante meses las conferencias de prensa de la Presidencia, siendo la cara más visible del Gobierno ante los medios. Su salida estuvo marcada por tensiones que el entorno oficial nunca explicó del todo. Que siga con custodia no es excepcional en sí mismo —es un procedimiento estándar para ex funcionarios con riesgo evaluado— pero el timing y la causa judicial de fondo le dan otra textura al anuncio.

Lo que viene

La causa judicial sigue su curso. El Gobierno tiene pocas razones para hablar del tema más allá de lo que ya dijo Ravier: que la Justicia investiga, que no hay auditoría propia, y que la custodia continúa. El dato que queda: el Estado argentino pagará por al menos doce meses la seguridad de un ex funcionario investigado por enriquecerse mientras era funcionario.