Arregló la colectora frente a su hotel y Vialidad le ordena volver a romperla

Un empresario de Funes, Santa Fe, reparó un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba frente a su hotel y el resultado fue una intimación de Vialidad Nacional para que deshaga la obra. La historia tiene cierta simetría irónica: el Estado no arreglaba el camino, un privado lo hizo, y el Estado le pide que lo destruya.

Qué hizo Rozín

Néstor Rozín, dueño del hotel Sol de Funes, describe el tramo como algo que "estaba detonado". Ante la ausencia de intervención oficial, decidió invertir en maquinaria y materiales para reparar el acceso a su establecimiento sobre la colectora. La obra fue ejecutada sin autorización previa del organismo vial.

Qué dice Vialidad

Vialidad Nacional detectó la intervención y emitió una intimación formal. El organismo señala que la obra presenta "irregularidades importantes", que fue ejecutada sin la autorización correspondiente y que no pasó por las verificaciones técnicas exigidas por las leyes vigentes. La orden concreta: restituir el sector "a su estado original". En términos simples, volver a romper lo que estaba roto.

La posición oficial tiene lógica burocrática: cualquier obra sobre infraestructura nacional requiere habilitación previa, independientemente de su calidad técnica. Sin inspección, sin planos aprobados, sin control, no hay certeza de que la intervención cumpla los estándares de seguridad vial. El problema es que esa misma lógica no impidió que el tramo permaneciera deteriorado durante el tiempo que llevó al empresario a tomar cartas en el asunto.

El contexto

Funes es una localidad del Gran Rosario, sobre la autopista que une las dos ciudades más grandes del interior del país. La colectora en cuestión no es un camino vecinal: forma parte de un corredor de tránsito intenso. Que un tramo estuviera en mal estado el tiempo suficiente como para que un privado decidiera arreglarlo por su cuenta dice algo sobre el estado del mantenimiento vial.

Vialidad Nacional atraviesa años de restricciones presupuestarias. El recorte en obra pública fue uno de los ejes del ajuste fiscal del gobierno de Milei durante 2024, y el mantenimiento de rutas nacionales acumuló demoras en varias provincias. Santa Fe no es la excepción.

Lo que sigue

No hay información pública sobre si Rozín va a acatar la intimación, si presentó recursos o si existe alguna vía para regularizar la obra sin demolerla. Clarín y La Nación coinciden en los hechos centrales; ninguno reporta una resolución del conflicto al cierre de esta nota.

Lo que sí queda claro es el absurdo administrativo en su versión más concreta: el Estado intima a un ciudadano a reconstruir el deterioro que él mismo no había reparado. Si Rozín obedece, la colectora vuelve a estar rota. Si no obedece, enfrenta las consecuencias legales de haber mejorado infraestructura pública sin permiso.

El dato que cierra: en Argentina existe el delito de "usurpación de funciones públicas", pero no hay figura penal para el abandono de las mismas.