CABA aprueba refinanciamiento de deudas: tasas, plazos y quiénes pueden entrar

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con 42 votos a favor y ocho abstenciones el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una ley que busca refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales bajo condiciones más accesibles que las de mercado.

Cómo funciona

El programa opera a través del Banco Ciudad, que actuará como entidad ancla. La norma incluye beneficios fiscales para incentivar la adhesión de bancos y entidades financieras privadas — sin esa zanahoria, difícilmente el sector participe de forma masiva. La ley no define tasas específicas en su texto, pero establece que las condiciones deben ser más favorables que las vigentes para créditos en situación irregular.

Quiénes pueden usarlo

Apunta a deudores que tienen financiamientos con tarjeta de crédito o préstamos personales caídos en mora. El requisito central es estar en situación irregular ante el sistema financiero. Hay una exclusión importante: el programa no puede usarse para refinanciar deudas con billeteras digitales, lo que deja afuera a una porción creciente del mercado informal de crédito al consumo.

El contexto

La iniciativa responde a una morosidad que los medios describen como récord en el segmento de crédito al consumo porteño. La inflación de los últimos dos años deterioró los ingresos reales y muchas familias quedaron atrapadas en cuotas que ya no pueden sostener. El Banco Ciudad tiene experiencia en programas similares a escala barrial, pero esta sería la primera vez que el esquema se formaliza por ley con incentivos fiscales para el sector privado.

Las dudas

El éxito del programa depende casi enteramente de cuántos bancos privados decidan adherirse. Los beneficios fiscales son el principal mecanismo de atracción, pero ninguna fuente detalla su magnitud ni si son suficientes para que las entidades asuman el costo de refinanciar cartera problemática. Un dato para seguir: el Banco Ciudad tiene que reglamentar los plazos y tasas concretos antes de que el programa sea operativo. Hasta entonces, es una ley con buenas intenciones y varios números pendientes de definir.