El Consejo de la Magistratura apuró las sanciones contra jueces

Desde 2022, el Consejo de la Magistratura intensificó su manejo disciplinario: cuatro jueces fueron destituidos y un quinto renunció antes de enfrentar el jury. El dato importa porque muestra algo poco habitual en un sistema que suele moverse con lentitud exasperante: hubo castigos concretos y no solo expedientes durmiendo en un cajón.

Los casos

Infobae y Clarín coinciden en los nombres y en el balance general. Walter Bento, de Mendoza; Martín Poderti y Alfredo López, de Mar del Plata; y Gastón Salmain, de Rosario, fueron removidos por mal desempeño. Marcelo Bailaque, también rosarino, dejó el cargo mediante una renuncia para evitar el juicio político. El recorte de nombres deja un cuadro bastante claro: el Consejo no se limitó a anotar faltas, sino que avanzó hasta la sanción máxima disponible.

Qué muestra el período

El período 2022-2024 funciona como una foto de la actividad disciplinaria del organismo. La secuencia incluye destituciones y sanciones múltiples, lo que sugiere una mayor presión sobre magistrados con conductas cuestionadas. No hace falta adornarlo: la Justicia se controla a sí misma porque no hay otro modo institucional de hacerlo, y cuando ese control se activa, el impacto político también aparece.

El peso institucional

Que los nombres provengan de distintas provincias evita la lectura cómoda de un caso aislado o local. El problema, más bien, parece estructural. El Consejo de la Magistratura no resuelve todos los desmanejos de la Justicia, pero sí marca un límite. Y, por una vez, ese límite no quedó solo en declaraciones de ocasión.

Lo que viene

La secuencia deja una pregunta obvia: si el organismo pudo avanzar con cuatro destituciones y una renuncia preventiva en tan poco tiempo, cuánto de eso responde a una política más activa y cuánto a expedientes que por fin llegaron a destino. La respuesta no está en los titulares, pero el movimiento ya es bastante para un sistema acostumbrado a la inercia. Dato chico para la libreta: cinco jueces menos en dos años es más de lo que logra cualquier consigna solemne sobre la calidad institucional.