El FMI bajó la meta de superávit y el Gobierno ya piensa en la reforma tributaria

El FMI le concedió al Gobierno argentino una reducción de $1,6 billones en la meta de superávit primario de junio, según el último Staff Report del organismo. El movimiento no es menor: implica que el Fondo reconoce que el ritmo de ajuste tiene límites y que el equilibrio de las cuentas públicas no puede sostenerse exactamente igual en un año electoral.

El alivio del Fondo

El Staff Report ajustó las proyecciones macroeconómicas para 2026 y flexibilizó las metas fiscales intermedias. La reducción de $1,6 billones en el objetivo de junio no significa que el Gobierno abandona el superávit —ese sigue siendo el ancla política central del esquema— sino que el Fondo admite que las metas originales eran demasiado exigentes dada la dinámica del gasto y los ingresos reales.

Al mismo tiempo, el Banco Central acumuló compras por encima de los 2.000 millones de dólares en mayo. El miércoles cerró con un saldo comprador de 132 millones, lo que llevó el acumulado del mes a 2.079 millones. El stock de reservas mejora, aunque el debate sobre el nivel real de reservas netas sigue sin resolverse del todo.

La reforma tributaria en etapas

Desde Casa Rosada evalúan que el pacto fiscal vigente está "quebrado" —la palabra es del Gobierno— y que cualquier cambio debe encuadrarse en una reforma más amplia. El plan contempla dividir los cambios en etapas para evitar un impacto fiscal que desestabilice las cuentas antes de octubre.

El núcleo de la negociación es Ingresos Brutos y las tasas municipales, dos impuestos que el sector productivo lleva años señalando como distorsivos y que las provincias defienden porque representan una porción central de su recaudación. Convencer a los gobernadores de resignar esa base sin una compensación clara es el desafío concreto, no un detalle técnico.

El Gobierno necesita que esa negociación no explote antes de las elecciones legislativas. De ahí la lógica de las etapas: mostrar avance sin cerrar compromisos que después sean imposibles de cumplir.

Lo que el FMI pone en duda

La pregunta que instala el último Staff Report es más incómoda que la cifra del alivio: ¿cuánto superávit es sostenible sin afectar la economía real? El Fondo no cuestiona el objetivo político del Gobierno —mantener el equilibrio fiscal como señal— pero sí ajusta los números concretos, lo que equivale a decir que la velocidad importa tanto como la dirección.

Eso le da al Gobierno cierta cobertura para no forzar recortes adicionales en un contexto donde el gasto previsional, los salarios públicos y la obra pública empiezan a sentir el peso del ajuste acumulado. La reforma tributaria sería, en ese esquema, la manera de mejorar la calidad del equilibrio fiscal en lugar de profundizar el recorte bruto.

Qué sigue

La negociación con las provincias es el cuello de botella. Sin acuerdo en Ingresos Brutos, la reforma se reduce a un rediseño de la estructura nacional que no toca el principal problema de competitividad que señalan las empresas. El Gobierno tiene la ventaja de contar con el FMI empujando en la misma dirección, pero los gobernadores saben que en año electoral también tienen palanca.

Un dato para llevarse: el FMI ajustó una meta fiscal hacia abajo con un comunicado tranquilo, mientras el Gobierno lo presenta como parte del plan. Eso es exactamente lo que en 2018 se llamó "incumplimiento" y se vivió como crisis. La diferencia esta vez es solo de narrativa oficial — y de quién controla el relato.