El Gobierno deja de pagar a las empresas por los pasajes gratuitos de discapacidad

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones que pagaba a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos que deben otorgar a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. La resolución, publicada esta semana, no borra el derecho al pasaje gratuito —que sigue vigente por ley— pero sí deja de girar plata a las empresas por absorberlo.

Qué cambió

Hasta ahora, el Estado compensaba a las compañías de micros de larga distancia por los asientos que ocupaban pasajeros con Certificado Único de Discapacidad (CUD), trasplantados y pacientes oncológicos. El Ejecutivo declaró que "la continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones previas carece de sustento" y derogó el fondo. El pasaje gratis, sin embargo, no desaparece del marco legal: las empresas quedan obligadas a darlo igual.

El problema real

La diferencia entre "el derecho sigue vigente" y "alguien lo paga" no es menor. Cuando el Estado compensaba, el costo era colectivo y presupuestario. Ahora, cada empresa lo absorbe directo en su estructura de costos. En un sector donde los operadores ya piden aumentos de tarifas con regularidad, la pregunta obvia es cuánto tiempo las compañías sostienen ese costo antes de buscar la vuelta legal para limitarlo, cuestionarlo o trasladarlo de alguna forma al resto de los pasajeros.

El Gobierno no publicó estimaciones de cuánto ahorra el fisco con esta medida ni cuántos pasajes anuales estaban cubiertos por el esquema. Los medios que cubrieron la noticia tampoco agregan cifras: todos repiten el comunicado oficial sin datos adicionales.

El contexto

La eliminación de compensaciones a empresas de transporte forma parte de un patrón más amplio de recorte de subsidios al sector. En los últimos meses, el Gobierno ajustó también los aportes al transporte urbano de pasajeros en varias provincias, transfiriendo el costo a jurisdicciones o usuarios. Este caso sigue la misma lógica: el Estado deja de ser el pagador de última instancia, pero no toca formalmente el derecho.

La tensión quedará entre las empresas y los pasajeros con beneficios. Si una compañía decide negar un pasaje gratuito argumentando que ya no hay compensación, el pasajero tiene el derecho igual —pero deberá hacerlo valer por otra vía.

Qué sigue

Las asociaciones de personas con discapacidad todavía no se pronunciaron públicamente sobre el impacto práctico. La Secretaría de Transporte tampoco detalló si habrá algún mecanismo de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la gratuidad sin que el Estado les pague por hacerlo. El dato para llevarse: el Gobierno preservó el derecho en el papel y trasladó el costo al privado. Si funciona o no depende de que alguien controle que se cumpla —y ese alguien, por ahora, no apareció en el comunicado.