UBA frente a la Corte: clases públicas para que Milei cumpla la ley universitaria

La Universidad de Buenos Aires llevó sus aulas a la calle. Este martes, docentes, catedráticos y estudiantes dictaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, para exigir que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La consigna es corta y directa: que Milei cumpla la ley.

El reclamo

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso pero el Poder Ejecutivo no la aplica. La norma establece una actualización presupuestaria para las universidades nacionales que el Gobierno rechaza por considerarla incompatible con su programa de equilibrio fiscal. La tensión desembocó en una causa judicial que hoy espera resolución en la Corte Suprema —de ahí la elección del lugar para la protesta.

El reclamo incluye además la reapertura de paritarias docentes. Los gremios sostienen que los salarios universitarios perdieron poder adquisitivo durante los últimos meses y que cualquier discusión presupuestaria que no contemple los sueldos es incompleta. Referentes gremiales participaron de la jornada junto a la conducción académica de la UBA.

El paro de cinco días

Desde este martes rige un paro de cinco días en las universidades nacionales. La medida de fuerza acompaña las clases públicas y amplía la presión sobre el Gobierno y el Poder Judicial. Es el escalón siguiente a meses de advertencias, movilizaciones y negociaciones que no llegaron a ningún acuerdo.

El cronograma no es casualidad: la comunidad universitaria busca que la Corte Suprema resuelva el expediente con el conflicto activo, no con las aulas ya pacificadas.

La Corte, árbitro incómodo

El Gobierno lleva su argumento fiscal al máximo tribunal: ejecutar la ley implicaría un gasto que rompe el superávit primario, la pieza central de la política económica de la gestión Milei. Las universidades responden que el Congreso ya decidió, que la ley existe y que el Ejecutivo no puede ignorarla por decreto.

La Corte tiene que resolver una tensión que excede lo presupuestario: si el Ejecutivo puede dejar de aplicar una ley que considera fiscalmente inconveniente, el precedente corre mucho más allá del sistema universitario. Esa es, en el fondo, la pregunta que las clases públicas de Plaza Lavalle pusieron sobre la mesa.

Qué viene

Con el paro activo y la causa en la Corte, el Gobierno no tiene margen para ignorar el conflicto sin costo. Tampoco tiene señales de que vaya a ceder. El sistema universitario público argentino tiene 2,5 millones de estudiantes — un número que ningún partido político descuida del todo en año electoral. La Corte, que ya no puede postponer indefinidamente la resolución, es ahora el único actor con capacidad de destrabar o escalar la situación.

Dato de cierre: la última vez que el Gobierno vetó una ley de financiamiento universitario y la Corte intervino, el proceso se extendió por más de un año. Esta vez, los jueces tienen las clases públicas en la puerta de su edificio.