La Corte rechazó las recusaciones del Gobierno y los jueces siguen en la causa universitaria

La Corte Suprema rechazó las recusaciones presentadas por el Estado nacional contra los jueces que intervienen en la causa sobre la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo cierra, por ahora, la maniobra oficial para desplazar a los magistrados que ya dictaron una medida cautelar obligando al Gobierno a cumplir con el presupuesto universitario y los salarios docentes.

Qué planteó el Gobierno

El Poder Ejecutivo intentó recusar a los jueces alegando que su vínculo con la actividad académica —incluyendo la percepción de honorarios— configuraba un interés personal en el resultado del litigio. La lógica era simple: si los jueces son docentes o cobran de universidades, no pueden ser imparciales en una causa que define cuánto cobra el sistema universitario. La Corte no lo compró.

Por qué los rechazó

El tribunal consideró que las recusaciones eran restrictivas y que la actividad académica remunerada no prueba por sí sola un interés directo en el resultado del caso. Tampoco aceptó las excusaciones que los propios jueces podrían haberse planteado. En términos prácticos: los magistrados que dictaron la cautelar siguen en sus cargos dentro de la causa, y la cautelar sigue vigente.

El contexto de la pelea

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2024, fue vetada por el Ejecutivo. La disputa judicial derivó en una cautelar que obliga al Gobierno a girar fondos al sistema universitario mientras el fondo del asunto se resuelve. El intento de recusar a los jueces era, en los hechos, una forma de retrasar o reencauzar esa decisión.

Qué sigue

Con los jueces confirmados en sus roles, la causa continúa su curso ordinario. El Gobierno deberá definir si apela o busca otro camino procesal. Por ahora, la cautelar que ordena el pago se mantiene firme. Dato de cierre: el Estado no recusó a los jueces cuando los fallos le fueron favorables.