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Política

Pesqueras en el Atlántico Sur: denuncian contrabando bajo licencias británicas en Malvinas

La denuncia apunta contra directivos de empresas internacionales que extraerían recursos argentinos con permisos emitidos por autoridades británicas, evadiendo controles aduaneros y derechos de exportación.

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Una marina serena con varios barcos atracados, mostrando una vista tranquila del waterfront al anochecer.
Foto por Magda Ehlers en Pexels

Una denuncia penal sacude al sector pesquero que opera en el Atlántico Sur: directivos y responsables de empresas internacionales son acusados de contrabando por explotar recursos ictícolas en el área de Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido, sin reconocer la soberanía argentina ni pagar los derechos de exportación correspondientes.

Qué se denuncia

Según los denunciantes, las pesqueras operarían en aguas que Argentina considera propias bajo un esquema que elude el control aduanero nacional. El mecanismo implicaría obtener habilitación de las autoridades británicas en las islas, capturar stock pesquero del Atlántico Sur y comercializarlo internacionalmente sin tributar en Argentina. Los investigadores examinarán si hubo maniobras deliberadas para evitar el pago de derechos.

El nudo jurídico

El conflicto de soberanía sobre Malvinas convierte este caso en un laberinto legal: las empresas operan amparadas en permisos que el Reino Unido considera válidos, mientras Argentina los tiene por inexistentes. Cualquier condena por contrabando requeriría demostrar que las embarcaciones extrajeron recursos dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y que sus responsables lo sabían. No es un caso sencillo de probar.

El fondo del asunto

La pesca en el Atlántico Sur es un negocio de cientos de millones de dólares anuales. Argentina reclama hace décadas que las licencias británicas drenan un recurso estratégico sin dejar nada al país: ni impuestos, ni empleo formal, ni datos de captura confiables. Las flotas asiáticas y europeas son los principales operadores bajo ese esquema.

Lo que sigue

La causa deberá sortear primero la jurisdicción: establecer que un tribunal argentino tiene competencia para juzgar hechos que ocurren en aguas disputadas es el primer obstáculo real. Si supera ese filtro, la investigación podría forzar al Estado a hacer visible, con cifras concretas, el volumen de recursos que se extraen cada año sin que Argentina vea un peso — algo que los sucesivos gobiernos evitaron cuantificar con precisión.

El cruce

Análisis editorial
Cómo lo encararon los medios

Minuto Uno y Ámbito publican títulos prácticamente idénticos. La diferencia está en el detalle: Ámbito agrega que la investigación apuntará específicamente a maniobras para evadir el control aduanero y el pago de derechos de exportación, un dato que Minuto Uno omite en su bajada. Ninguno toma postura editorial; los dos describen la denuncia sin más.

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