Super RIGI: el Gobierno manda al Congreso su régimen para inversiones de mil millones en adelante

El Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado internamente como "Super RIGI". La propuesta exige una inversión mínima de US$1.000 millones y ofrece estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años a quienes ingresen al régimen.

Los números

El umbral de entrada es US$1.000 millones. No es el RIGI clásico ampliado: el proyecto define expresamente "nuevas actividades" que aún no tienen desarrollo local —inteligencia artificial, hidrógeno verde, gas natural licuado, semiconductores y biotecnología—. La lógica es sencilla: los sectores ya establecidos tienen sus propios marcos regulatorios; este régimen apunta a industrias que Argentina todavía no tiene.

Los beneficios son, grosso modo, los mismos que el RIGI original: reducción de carga tributaria, acceso a tipo de cambio diferencial, libre disponibilidad de divisas y estabilidad contra cambios legislativos durante tres décadas. El detalle fino del articulado no fue publicado en su totalidad al momento del envío al Congreso, pero los puntos centrales los confirmaron todos los medios que cubrieron el anuncio.

Qué sectores apunta

El listado de industrias elegibles es, en sí mismo, una declaración de intenciones: el Gobierno quiere posicionar a Argentina como destino de inversión en sectores de frontera tecnológica. Hidrógeno verde y GNL son apuestas más cercanas al perfil exportador clásico del país —recursos naturales procesados—. Semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología son otra historia: requieren infraestructura, capital humano y ecosistema industrial que Argentina tiene en embrión, no en escala.

Que el proyecto los incluya no significa que la inversión llegue. Significa que el Gobierno les está construyendo el andamiaje legal por adelantado.

El paquete completo

Infobae fue el único medio en destacar que el Super RIGI no llegó solo al Congreso: el Ejecutivo presentó en simultáneo un proyecto para regular el lobby —es decir, la gestión de intereses ante funcionarios públicos—. La presentación conjunta puede leerse como una señal de transparencia institucional hacia inversores extranjeros, que suelen exigir marcos claros de relacionamiento con el Estado antes de comprometer capital.

El proyecto de lobby crea un registro de representantes de intereses y obliga a declarar reuniones con funcionarios. Es el tipo de reforma que no genera titulares en Argentina pero que sí figura en los informes de due diligence de los fondos internacionales.

Lo que falta saber

El proyecto entró al Congreso, pero no hay fecha de tratamiento. El Super RIGI necesita mayoría legislativa para convertirse en ley, y el oficialismo no tiene esa mayoría por sí solo. La pregunta relevante no es si el régimen es atractivo —lo es, en papel— sino si el bloque opositor que acompañó el RIGI original va a repetir el apoyo, y en qué condiciones.

Un detalle que vale la pena marcar: el RIGI vigente, aprobado en 2024, todavía no generó ninguna inversión anunciada que haya llegado a la etapa de construcción. Lanzar el Super RIGI mientras el primero todavía espera sus primeros proyectos concretos es, cuanto menos, una apuesta ambiciosa al crédito regulatorio.