El Estado deja de compensar a empresas por pasajes gratis para personas con discapacidad

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la eliminación de las compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. A partir de ahora, las empresas deberán absorber ese costo sin recibir reintegro estatal.

Qué cambia y qué no

El derecho al pasaje gratuito no desaparece. Los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), los pacientes trasplantados y los oncológicos siguen teniendo acceso al transporte de larga distancia sin pagar. Lo que se elimina es el mecanismo por el cual el Estado compensaba a las empresas por cada boleto emitido bajo ese régimen.

El texto oficial sostiene que la medida "no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad", que permanece "plenamente vigente y exigible". En otras palabras: el pasajero viaja gratis, pero quien paga ahora es la empresa, no el Tesoro.

El peso que se traspasa

La diferencia es significativa para el sector. Las empresas de micros de larga distancia venían recibiendo reintegros por cada asiento cedido gratuitamente bajo este régimen. Ese flujo de fondos se corta. Las compañías deberán incorporar ese costo a su estructura operativa o, eventualmente, trasladarlo al precio de los pasajes del resto de los pasajeros.

Ninguno de los medios que cubrieron la medida reportó cifras sobre el monto total que el Estado dejará de girar ni cuántos pasajes gratuitos se emiten anualmente bajo este régimen. El Gobierno tampoco los publicó junto a la resolución, lo que impide dimensionar el ahorro fiscal concreto.

El patrón de fondo

La movida sigue la línea del recorte de subsidios al transporte que el Gobierno viene ejecutando desde comienzos de 2024. En ese esquema, el Estado retira financiamiento directo al sector privado y transfiere la carga a las empresas o a los usuarios. En este caso, al menos formalmente, los usuarios quedan protegidos.

El punto de tensión real aparecerá si alguna empresa decide impugnar la obligación de otorgar pasajes sin compensación. El derecho a la gratuidad está reconocido por ley, pero la sustentabilidad del sistema sin fondos estatales es una pregunta que la resolución no responde.

Las dudas que quedan

La medida no especifica qué pasa si una empresa incumple con el otorgamiento de pasajes gratuitos ni qué organismo fiscalizará el sistema en ausencia de la compensación como incentivo. Tampoco hay claridad sobre si existe algún mecanismo de control que reemplace al anterior.

Lo que sí queda claro es que el Estado redujo una obligación de gasto sin tocar, al menos en el papel, el derecho del beneficiario. Si eso se sostiene en la práctica dependerá de cuántas empresas acaten la norma sin chistar y cuántas empiecen a poner trabas administrativas para un trámite que ya no les genera ningún ingreso.