Buenos Aires intima a Mercado Libre con multa de $1.800 millones por cláusulas abusivas

El Ministerio de la Producción bonaerense imputó a Mercado Libre por presuntas infracciones a la Ley de Defensa al Consumidor y fijó un plazo de cinco días para que la empresa revierta la situación. Si no lo hace, la multa que enfrenta supera los $1.800 millones.

Qué se le imputa

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia inició una actuación de oficio —es decir, sin esperar denuncia externa— y detectó cláusulas en los contratos de adhesión de la plataforma que considera abusivas. Esas cláusulas afectarían a usuarios que compran, venden o usan los servicios financieros integrados de la empresa. Según las autoridades provinciales, Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en el territorio bonaerense, lo que precipitó la investigación.

Las infracciones habrían incumplido disposiciones concretas de la normativa de defensa al consumidor, aunque el gobierno no publicó el detalle técnico de cada cláusula cuestionada.

La respuesta de la empresa

Mercado Libre negó haber recibido reclamo formal alguno y anunció que presentará su descargo dentro del plazo otorgado. La empresa no cuestionó públicamente la legitimidad del proceso, pero su postura inicial es que no hay irregularidad que justifique la sanción.

El contraste es llamativo: las autoridades bonaerenses dicen tener miles de denuncias de particulares; la empresa dice que no llegó ninguna. Ambas versiones no se excluyen necesariamente —los reclamos ante organismos oficiales no siempre se traducen en notificaciones formales a las empresas—, pero el desacuerdo de fondo es real.

El número y lo que viene

La multa potencial de $1.800 millones es el techo que habilita la normativa vigente, no un monto ya definido. Si Mercado Libre modifica sus contratos en el plazo estipulado, la sanción no se aplicaría. Si no lo hace, la Provincia deberá sostener la imputación en un proceso administrativo que la empresa puede impugnar judicialmente.

El gobierno de Axel Kicillof usó el caso para instalar a la Provincia como fiscalizadora activa de los grandes jugadores del comercio electrónico, un sector que históricamente operó con poca fricción regulatoria a nivel local.

El contexto más amplio

Mercado Libre es la empresa de tecnología más valiosa de América Latina, con sede operativa en Buenos Aires aunque domicilio fiscal en Montevideo. Su fundador, Marcos Galperin, tiene un perfil público de alineamiento con ideas de desregulación y libre mercado —lo que convierte esta intimación de un gobierno provincial peronista en algo con carga política inevitable, aunque el expediente sea estrictamente administrativo.

La Defensa del Consumidor bonaerense tiene historial de investigaciones contra empresas de servicios, pero pocas de este volumen económico y perfil mediático. Si la multa prospera y Mercado Libre la impugna, el caso podría llegar a instancias judiciales y extenderse por meses.

Dato de cierre: Mercado Libre procesó en 2023 más de 400 millones de transacciones en toda la región. Que una sola provincia argentina pueda amenazarla con una multa equivalente a lo que la empresa gana en minutos dice menos sobre la empresa y más sobre los límites reales del poder regulatorio subnacional.