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Crimen organizado en América Latina: el costo que supera el 78% del gasto educativo

El avance del crimen organizado presiona a gobiernos de toda la región, que gastan en combatirlo más de las tres cuartas partes de lo que invierten en educación, mientras países como Chile y Costa Rica evalúan hasta qué punto el modelo Bukele es viable sin destruir sus instituciones.

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riot police officers in full gear facing crowd in Latin American city street, tear gas smoke, urban setting, dusk Imagen generada con IA

El crimen organizado le cuesta a América Latina y el Caribe el equivalente al 78% del gasto público en educación de toda la región. La cifra es solo la punta del iceberg: mide inversión, productividad y crecimiento perdidos, pero deja afuera el costo humano, que, como advierte el análisis de Perfil, "ninguna cifra podría capturar sin trivializar".

Los números

El dato del 78% resume un problema estructural: la región no puede crecer al ritmo que necesita porque una porción enorme de recursos públicos y privados se desvía a seguridad, litigios, pérdidas empresariales y atención de víctimas. No es un gasto que genere capacidad productiva ni capital humano. Es plata quemada.

La tentación Bukele

Chile y Costa Rica, dos de las democracias más estables de la región, enfrentan ahora una presión que antes parecía lejana: el avance del crimen organizado convirtió la seguridad en la prioridad electoral central. El modelo de Nayib Bukele en El Salvador —cárceles masivas, suspensión de garantías, resultados visibles en el corto plazo— seduce a electores hartos. El problema es el costo institucional: contrapesos erosionados, control judicial debilitado, precedentes difíciles de revertir. Costa Rica y Chile no son El Salvador, pero la presión sobre sus líderes para copiar la receta crece con cada encuesta.

El contrapeso progresista

Mientras la derecha dura empuja hacia el modelo Bukele, la izquierda regional mira hacia otro lado: el éxito de candidatos socialistas democráticos en Estados Unidos está funcionando como señal de que el progresismo puede resistir la ola conservadora impulsada por Trump y sus aliados regionales. Es un debate que se desarrolla en paralelo, pero que moldea el mismo mapa político.

Lo que no cuadra

La tensión central es que ninguna de las dos salidas es fácil. El modelo mano dura tiene costos institucionales altos y resultados que dependen de contextos muy específicos. El progresismo democrático necesita mostrar que puede controlar el crimen sin romper las reglas que lo distinguen de sus adversarios. La región enfrenta, en definitiva, un dilema que no tiene atajos: gastar más en seguridad o dejar que el crimen organizado siga cobrando su impuesto silencioso sobre todo lo demás.

Dato de cierre: El Salvador tiene hoy la tasa de homicidios más baja de América Latina. También tiene un sistema judicial que responde al Ejecutivo. No es coincidencia en ninguna de las dos direcciones.

El cruce

Análisis editorial
Cómo lo encararon los medios

Perfil apunta directo al costo económico del crimen con un análisis cuantitativo, reconociendo que el humano es incuantificable. La Nación pone el foco en la tensión democrática: el modelo Bukele como tentación para países que hasta ahora resistieron el camino autoritario, con Chile y Costa Rica como casos concretos. Clarín va por otro carril: se concentra en el avance de la izquierda progresista en EE.UU. como contrapeso regional a Trump, sin entrar en el debate securitario. Tres ángulos distintos sobre la misma región convulsionada.

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