El gobierno porteño pide jury contra la jueza que declaró inconstitucional la ley penal juvenil

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escaló su choque con el Poder Judicial porteño: el ministro de Justicia Gabino Tapia presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Laura De Marinis por presunto mal desempeño y, en su diagnóstico más severo, por desconocimiento inexcusable del derecho.

El fallo que detonó todo

De Marinis sobreseyó a una adolescente implicada en un robo y, para hacerlo, declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la nueva ley penal juvenil impulsada por el gobierno porteño. La norma había sido sancionada para extender la punibilidad a menores de 14 años en el ámbito de la Ciudad —uno de los caballitos de batalla de la administración de Jorge Macri en materia de seguridad.

El fallo no solo contradijo la política de gestión: abrió un frente judicial con consecuencias inciertas para la aplicación de la ley en otros casos similares.

El antecedente que suma presión

La Nación publicó el registro de un stream en el que De Marinis había expresado, meses antes de dictar sentencia, una postura contraria a la norma penal juvenil. Para el gobierno porteño, ese antecedente refuerza el argumento de que la jueza llegó al fallo con un criterio formado de antemano —lo que, en la lógica de la denuncia, configura algo más que un error jurídico.

El dato agrava la situación de la magistrada: opinar en público sobre una ley antes de resolver un caso que la involucra no es técnicamente ilegal, pero complica cualquier defensa basada en criterio jurisdiccional.

Las dudas del caso

Perfil ofrece otro ángulo: De Marinis no es una jueza sin historia. Sus fallos y exposiciones públicas muestran una posición consistente sobre qué preguntas debería responder el Estado antes de meter a un adolescente en el sistema penal. La pregunta que ella formula —qué pasó con ese chico antes de que la Justicia fuera la primera respuesta estatal— no tiene respuesta fácil ni es exclusiva de esta magistrada.

Lo que el caso expone, más allá del jury, es la tensión entre dos visiones sobre la punibilidad juvenil que coexisten dentro del mismo sistema judicial. El Consejo de la Magistratura porteño deberá ahora evaluar si el fallo y el stream previo alcanzan para iniciar un proceso de remoción —o si la denuncia termina siendo, sobre todo, un mensaje político.

El jury de enjuiciamiento es el mecanismo más drástico disponible contra un juez en la Ciudad: requiere mayoría calificada del Consejo para prosperar.