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Política

Tres denuncias en el Senado bonaerense contra la jueza que frenó la ley penal juvenil

A pocos días del fallo que suspendió la Ley Penal Juvenil de Buenos Aires, tres pedidos de juicio político apuntan contra la jueza Marta Pascual por presunto mal desempeño en sus funciones.

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Argentine provincial Senate chamber interior, wooden benches and ornate ceiling, Buenos Aires Province legislature building Imagen generada con IA

La jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual enfrenta tres pedidos de juicio político en el Senado bonaerense, todos presentados esta semana en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento. El detonante fue su decisión de suspender la Ley Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, una medida que encendió la reacción de legisladores y de un abogado particular.

Quiénes denuncian

Las tres presentaciones provienen de sectores distintos: una la firmó un legislador del PRO, otra un diputado de Hechos y la tercera un abogado que actuó a título particular. La coincidencia entre bloques que normalmente no se alinean dice algo sobre el clima político que generó el fallo. El cargo común es "mal desempeño" en sus funciones, aunque Clarín indica que al menos una denuncia suma otros cargos que no se detallan en los comunicados públicos.

Cómo sigue el proceso

El trámite está en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, el organismo del Senado provincial que recibe y filtra este tipo de pedidos. Para que avance hacia un juicio político formal, la comisión debe evaluar la admisibilidad de las presentaciones y, si las habilita, el proceso escala al cuerpo legislativo completo. Es un camino largo: los juicios políticos en la Provincia rara vez llegan a destino en tiempos cortos.

El fallo en cuestión

Pascual suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil bonaerense, norma impulsada por la gestión de Axel Kicillof que bajó la edad de imputabilidad efectiva en el distrito. La medida cautelar frenó la vigencia de la ley antes de que tuviera impacto real, lo que generó reacciones cruzadas: apoyo de organizaciones de derechos humanos y críticas fuertes de sectores de la oposición y del propio oficialismo provincial.

Lo que viene

Pascual no se pronunció públicamente. La Secretaría de Enjuiciamiento tiene plazos para expedirse, aunque no son urgentes. Lo curioso: tres actores distintos llegaron a la misma ventanilla casi al mismo tiempo, lo que sugiere más coordinación táctica que indignación espontánea.

El cruce

Análisis editorial
Cómo lo encararon los medios

Diario Popular y Clarín cubren el mismo hecho con información casi idéntica, pero Clarín agrega el detalle de quiénes firmaron cada denuncia —el legislador del PRO, el diputado de Hechos y el abogado particular— y explica cómo funciona el procedimiento de enjuiciamiento. Popular se queda con el dato central sin profundizar en los actores ni en el trámite.

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