Hostigamiento de cobradoras: qué pueden y qué no pueden hacerte por una deuda
Crecen las denuncias por llamados intimidatorios, amenazas de embargo y contacto a familiares por parte de agencias de cobranza; un especialista en defensa del consumidor explica los límites legales que estas empresas deben respetar.
Las quejas contra empresas de cobranza aumentaron en las últimas semanas: llamados reiterados, amenazas de embargo sin respaldo judicial y contacto con familiares o conocidos del deudor son las prácticas más denunciadas. Lo que muchos ignoraban es que esas conductas tienen un límite legal claro —y sancionable.
Qué está permitido
La regla es simple: una empresa de cobranza solo puede informar la deuda y el canal de pago. Punto. Cualquier acción que vaya más allá de eso —presión emocional, amenazas, llamados a terceros— ya entra en terreno cuestionable. El marco legal que regula estas prácticas se apoya en la Ley de Defensa del Consumidor y en normativas de protección de datos personales, que prohíben usar información del deudor para contactar a personas ajenas a la obligación.
Lo que está prohibido
Entre las conductas sancionables que describe la especialidad en defensa del consumidor figuran: llamar a familiares, amigos o empleadores del deudor para presionarlo; simular una orden de embargo que no existe; llamar fuera del horario permitido (en general, no antes de las 8 ni después de las 20); usar lenguaje amenazante o denigrante; y negarse a identificarse como gestor de cobranza. El contacto con terceros es especialmente grave porque implica divulgar información financiera privada sin consentimiento, lo que habilita una denuncia adicional por violación de datos personales.
Cómo denunciar
Si una agencia incumple estos límites, el deudor puede radicar una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor de cada provincia o ante la Secretaría de Comercio a nivel nacional. También existe la vía judicial civil por daños y perjuicios, especialmente si hubo divulgación de información a terceros. Guardar registros es clave: capturas de pantalla de mensajes, logs de llamadas con hora y número, y cualquier comunicación escrita sirven como prueba.
El contexto
El aumento de las denuncias coincide con el crecimiento del crédito al consumo y la morosidad en cuotas de tarjetas y préstamos personales. Más deudores implica más trabajo para las agencias, y algunas optan por presión en lugar de protocolo. La ironía del caso: hostigar al deudor no solo es ilegal sino ineficaz —un deudor que se siente acosado tiende a evitar el contacto, no a pagar.
El cruce
Análisis editorialLa Gaceta y Perfil cubren la misma noticia con ángulos complementarios. Perfil va más a fondo: incluye el testimonio de un especialista, menciona el contacto a familiares y reproduce la frase clave ('solo se debe informar la deuda y el canal de pago'). La Gaceta se queda con la denuncia general y el encuadre de qué límites existen, sin citar fuentes específicas. Ambos presentan el tema desde la perspectiva del consumidor afectado, sin defender a las empresas de cobranza.
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Fuentes consultadas
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