Jueces mayores de 75: el Gobierno endureció las reglas para que sigan en sus cargos

El Gobierno nacional modificó el reglamento que regula la permanencia de jueces en sus cargos una vez cumplidos los 75 años, elevando las exigencias para quienes pretendan obtener una prórroga del Poder Ejecutivo. La medida, publicada esta semana, se enmarca en el Decreto 467/2026 y llega en un contexto marcado por el desplazamiento del ex camarista Martín Irurzun.

Los requisitos nuevos

Los magistrados que quieran seguir en funciones deberán iniciar el trámite con un año de anticipación al cumpleaños número 75. A eso se suman la presentación de información patrimonial actualizada, antecedentes disciplinarios y situación fiscal ante ARCA. El proceso incluirá además una instancia de publicidad, lo que implica que los datos del solicitante quedarán expuestos al escrutinio público antes de que el Ejecutivo resuelva.

Menos voz ciudadana

La Nación apunta al cambio que más incomoda a los críticos: el nuevo esquema reduce la participación ciudadana en el proceso. La modificación va en línea con el Decreto 467/2026, que ya había eliminado esa instancia para la selección de miembros de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General. En la práctica, el Gobierno concentra más el poder de decisión en el Ejecutivo y achica los canales de impugnación externos.

El contexto Irurzun

El timing no es casual. El caso Irurzun —ex integrante de la Cámara Federal que fue desplazado en un proceso que derivó en conflicto judicial— dejó en evidencia que el mecanismo anterior era susceptible de judicialización. El nuevo reglamento busca, según el Ministerio de Justicia, cerrar esas ventanas procesales. Dicho de otro modo: que los jueces no puedan frenar su propio retiro con amparos.

Qué cambia en los hechos

Ahora el Ejecutivo tiene más información antes de decidir y más tiempo para procesar cada pedido. Los jueces, en cambio, tienen plazos más estrictos y documentación más pesada. El sistema gana en orden formal pero pierde en apertura: ningún ciudadano podrá objetar la prórroga de un magistrado en el proceso que reguló el Gobierno para la Corte y sus cúpulas. Para los juzgados ordinarios, la publicidad del trámite compensa en parte esa limitación, aunque el poder de veto final sigue siendo exclusivamente del Ejecutivo.

Dato de cierre: la Constitución garantiza la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, pero a los 75 necesitan el aval del Ejecutivo para seguir. Ese mecanismo existe desde 1994. Lo que cambia ahora es quién controla el trámite —y con cuánto margen.