Justicia ordena a municipio bonaerense revelar cuánto recauda de tasas viales y en qué las gasta

Un juez ordenó al municipio de Rojas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que transparente toda la información relacionada con la tasa de la red vial: cuánto recauda, cómo calcula el tributo, qué obras ejecutó y qué personal y maquinaria destina al mantenimiento de los caminos rurales. El fallo responde a una acción judicial presentada en conjunto por la Sociedad Rural de Rojas, Federación Agraria y Coninagro.

El reclamo

Las tres entidades agrarias cuestionaron la tasa vial municipal por falta de transparencia y proporcionalidad. El argumento central: si un municipio cobra un tributo vinculado a un servicio —en este caso, el mantenimiento de la red de caminos rurales—, debe poder demostrar que existe una relación real entre lo que recauda y lo que gasta en ese servicio. Sin esa información, el campo no puede saber si paga por algo concreto o si la tasa funciona como un impuesto encubierto.

Qué ordenó el fallo

El juez no declaró inconstitucional la tasa ni ordenó su devolución, pero impuso al municipio la obligación de informar con detalle: el monto total recaudado, la metodología de cálculo del tributo, las obras de mantenimiento realizadas, el personal afectado y la maquinaria disponible. Es, en esencia, una orden de rendición de cuentas. Si el municipio no puede justificar la relación entre lo que cobra y lo que hace, el fallo abre la puerta a impugnaciones de fondo.

El contexto

Las tasas viales municipales son una fuente recurrente de conflicto entre el sector agropecuario y los municipios del interior bonaerense. Los productores denuncian que en muchos distritos el tributo creció sostenidamente en los últimos años sin que mejoraran los caminos rurales, que son la vía de acceso a los campos y el medio para sacar la producción. La pregunta de fondo —¿qué hacen con la plata?— rara vez tiene respuesta oficial.

Qué sigue

Con la información en mano, las entidades podrán evaluar si corresponde avanzar hacia una impugnación de la tasa o una demanda de repetición por cobros indebidos. El precedente interesa más allá de Rojas: decenas de municipios bonaerenses aplican tasas similares con el mismo nivel de opacidad. La sentencia no resuelve nada todavía, pero obliga a que empiece la conversación con números sobre la mesa.