El Gobierno transfiere a empresas privadas el costo de los pasajes gratuitos para discapacitados

El Gobierno nacional formalizó un cambio de fondo en el sistema de transporte de larga distancia: a partir de la Resolución 28/2026, las empresas privadas deben absorber el costo total de los pasajes gratuitos que la ley obliga a otorgar a personas con discapacidad. El Estado, que hasta noviembre de 2024 pagaba compensaciones a las transportistas por esos boletos, dejó de hacerlo. La deuda acumulada desde entonces llega a 27.000 millones de pesos, según la Cámara Empresaria de Larga Distancia.

Los números

La cifra de 27.000 millones de pesos corresponde a ocho meses sin compensación estatal, desde noviembre de 2024 hasta la fecha del reclamo. Las empresas aseguran que durante todo ese período siguieron emitiendo los pasajes gratuitos porque una orden judicial vigente las obliga a hacerlo, independientemente de si el Estado paga o no. Es decir: prestaron el servicio, pero no cobraron. La deuda crece a medida que los viajes continúan.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta ahora el esquema era claro: la ley obliga a ofrecer los pasajes sin cargo, y el Estado compensaba a las transportistas por esa prestación. Con la Resolución 28/2026, el Gobierno elimina su parte de la ecuación. Las empresas privadas asumen el costo como propio, sin reembolso. El argumento oficial detrás de la medida no fue detallado en los comunicados, pero el contexto es el de la política de recorte de subsidios que el Gobierno viene aplicando en distintos sectores desde que asumió.

El sector advierte que el impacto no es menor. Los viajes de larga distancia tienen márgenes ajustados y la gratuidad para personas con discapacidad representa un volumen de pasajes significativo, especialmente en rutas populares. Ninguna empresa anunció que dejará de entregar los boletos, pero la Cámara dejó en claro que el reclamo judicial por la deuda acumulada seguirá su curso.

Las dudas que quedan

Hay dos capas de conflicto que corren en paralelo. Una es la deuda pasada: los 27.000 millones que el Estado adeuda por las compensaciones entre noviembre de 2024 y el momento en que la nueva resolución entró en vigencia. La otra es el esquema futuro: sin compensación estatal, las empresas absorben el costo de forma indefinida.

C5N destacó que las empresas aclararon que seguirán entregando los pasajes, lo cual fue presentado como un gesto de responsabilidad. Pero la lectura más directa es que no tienen opción: la orden judicial las obliga. La aclaración parece apuntar a calmar a las personas con discapacidad que usan el servicio, más que a resolver el conflicto con el Estado.

Ámbito fue el medio que más claramente explicó el cambio normativo. TN aportó el detalle sobre la deuda acumulada y la vigencia de la orden judicial. Los demás se limitaron al anuncio sin profundizar en las implicancias legales.

Qué viene

El reclamo de 27.000 millones difícilmente se resuelva sin litigio. Las empresas ya operan bajo una lógica de confrontación con el Estado en este punto, y la nueva resolución agrega una capa de conflicto hacia adelante. El Gobierno, por su parte, consolida un patrón: sacar al Estado de donde pagaba, transferir el costo al privado, y esperar que el servicio se sostenga igual.

Dato para llevarse: el pasaje gratuito de larga distancia para personas con discapacidad existe por ley desde hace décadas. Lo que cambió no es el derecho, sino quién lo financia. Ahora lo paga la empresa. O nadie.