Transener privatizada: los nuevos dueños cobraron dividendos el primer día, el Estado no
Edison Energía y Genneia embolsaron US$ 22,3 millones cada una el mismo día en que asumieron como accionistas, sobre ganancias que el Estado había reservado pero resignó antes de vender.

El negocio fue redondo desde el minuto uno. Edison Energía y Genneia, los consorcios liderados por los hermanos Neuss y Jorge Brito respectivamente, asumieron el control de Transener la semana pasada y ese mismo día cobraron el 49% de los dividendos acumulados: US$ 22,3 millones cada uno. El Estado, que votó repartir esas ganancias antes de cerrar la venta, no cobró nada.
La mecánica
Transener es la principal transportadora eléctrica del país. Antes de completar la privatización, el directorio —todavía bajo influencia estatal— aprobó la distribución de dividendos. Eso dejó la plata lista para el nuevo accionista desde el día cero. El truco no es nuevo: usar las ganancias o los activos de la empresa que se vende para financiar o premiar la compra. En este caso, el Estado votó el reparto y luego no recibió lo que le correspondía como vendedor.
Los números
Los US$ 44,6 millones totales distribuidos entre los dos grupos representan solo el 49% del total de dividendos reservados. El 51% restante —que corresponde al bloque que el Estado aún no había vendido o que fue resignado en el proceso— no ingresó a las arcas públicas. El Gobierno no ha explicado públicamente por qué se aprobó la distribución antes de completar la transferencia ni quién tomó esa decisión en el directorio.
El contexto
Transener opera la red de alta tensión que distribuye electricidad en todo el país. Su privatización forma parte del programa de desinversión del Gobierno de Milei, que busca reducir la participación del Estado en empresas energéticas. La operación con los Neuss y Brito se cerró en un sector donde ambos grupos ya tienen presencia: Genneia en generación renovable, Edison Energía en distribución. El esquema de financiar la adquisición con recursos de la propia empresa adquirida tiene un nombre en el mundo corporativo —leveraged buyout— aunque acá el leverage fue directamente la billetera del Estado.
Lo que nadie explica
Ningún funcionario aclaró si la decisión de distribuir dividendos antes del cierre fue un error, una concesión negociada o simplemente descuido. Tampoco hay explicación sobre si el precio de venta descontó esos dividendos. Si no lo descontó, el Estado vendió barato y además resignó los ingresos. Si lo descontó, hay que ver los números del contrato —que no son públicos. Dato de cierre: la empresa que transporta la electricidad de todos los argentinos cambió de manos y los nuevos dueños ya cobran. Los viejos dueños, que éramos todos, todavía no saben cuánto recibieron.
El cruce
Análisis editorialClarín y Minuto Uno coinciden en el tono crítico pero con énfasis distintos. Clarín pone el foco en los números concretos —quién cobró cuánto y el rol del Estado que cedió esas ganancias—, con un ángulo más descriptivo y apoyado en cifras. Minuto Uno va más directo a la denuncia política y habla de 'viejo truco' y 'maniobra clásica de las privatizaciones argentinas', encuadrando la operación como una práctica sistémica conocida y no como un hecho aislado.
Lo que reescribimos arriba sale del cruce de estos titulares. Hacé click para leer la cobertura original.
Las noticias del día por mail
Un email a las 8 AM con lo más importante. Gratis. Sin spam. Te das de baja cuando quieras.
Fuentes consultadas
Esta nota fue elaborada a partir del cruce de cobertura de varios medios. Si querés ampliar, podés visitar las fuentes originales.
Seguí leyendo

Neuss compraron Transener y ya recuperaron dos tercios de lo pagado con dividendos de la propia empresa

El Gobierno privatiza ocho corredores viales por 20 años: quiénes se quedan con las rutas

Belgrano Cargas: cómo es el esquema de privatización con 50 años de concesión y US$800 millones mínimos

Caputo adjudica 4.000 km de rutas: inversión 100% privada y sin subsidios del Estado

Belgrano Cargas: concesión a 50 años, US$1.000 millones y cláusula que excluye a empresas estatales chinas
